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En Colombia estamos atravesando por una fase de cambios, por vientos de transformación, y una de las manifestaciones de estos se evidencia en la Reforma Laboral que iniciará su camino en el Congreso de la República.
Uno de los ejemplos de falta de garantías laborales la vivimos a diario en nuestro departamento, es el sistema integrado del Metro de Medellín, Tranvía y Metroplús. Este ha sido un tema de suma importancia para mí, ya que desde mi etapa como concejal de la ciudad de Medellín (2016-2019) estuve acompañando las luchas sindicales de los trabajadores de esta empresa y la llevé a control político en diferentes ocasiones. Por lo tanto, tengo conocimiento pleno de esta situación y trataré de detallarlos a continuación:
La empresa Metro de Medellín firma en el año 2013 contrato con la Institución Universitaria Pascual Bravo y esta a su vez subcontrata con la recién creada Fundación Pascual Bravo, lo que sería el manejo de la contratación de los conductores de los buses que debían ser estudiantes universitarios, adicionalmente, se firmaban acuerdos donde se comprometían a su formalización laboral, es decir, contratación directa y sin intermediarios que aún sigue sin avanzar.
Metroplús cuenta con 353 conductores dentro de su sistema, no obstante, tiene menos de 40 vinculados directamente. Estos obviamente tienen mayores derechos laborales que los contratados a través de la fundación Pascual Bravo, profundizando los incumplimientos de los acuerdos de formalización laboral por parte del Metro de Medellín y la Institución Universitaria Pascual Bravo.
Los conflictos laborales que aquejan a los conductores de los buses de Metroplús dificultan su resolución porque la empresa para la que trabajan no termina siendo su contratante directo y la interlocución laboral no es efectiva ni de conformidad con la constitución y las leyes laborales.
Por esta razón, recibí las denuncias de los conductores de Metroplus a finales del año 2016, acompañándolos en la búsqueda de acercamientos y soluciones a los acuerdos de formalización, realizando junto con ellos ruedas de prensa, plantones y demás. Porque todo esto afecta además a la ciudadanía, ya que una de las consecuencias de esta forma de contratación, es que tenemos mayores precios de los pasajes y menos derechos de los trabajadores para beneficiar a privados en contravía del interés general.
Valela pena que la ciudadanía se pregunte lo siguiente: ¿cómo sería si estas casi 400 familias pudieran conseguir un contrato laboral en dignidad? ¿Cuánto puede beneficiar a las microeconomías de los barrios? Este es el país que nos soñamos, este será el país que vamos a continuar construyendo.
Las empresas públicas en Colombia deben dar ejemplo de formalización laboral, de garantías de derechos para los trabajadores y dignificar sus empleados con beneficios laborales; la pelota está del lado de quienes administran estas empresas y las entidades territoriales.
