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El editorial de El Espectador del pasado viernes “Discursos peligrosos disfrazados de legítima defensa”, se refiere a una reunión entre empresarios pereiranos y congresistas del Centro Democrático de Risaralda y señala que el hecho preocupante de esa reunión es que haya importantes sectores de la sociedad y la política que abogan hoy por el uso de las armas por particulares —justificado en la “legítima defensa”— plantean un chantaje a la prensa libre por informar con objetividad sobre los hechos de violencia, y amenazan al gobierno mediante el no pago del predial para presionarlo a emprender acciones más contundentes contra quienes protestan.
El asunto crucial de la reunión mencionada es la descripción de una sociedad atemorizada por el terrorismo, que ante la incapacidad del Estado para reaccionar y protegerla, no deja más alternativa a los ciudadanos que apelar al “derecho a la legítima defensa”, para así poder enfrentar a los vándalos, terroristas, estudiantes, periodistas. La apelación al uso del “derecho a la legítima defensa”, se produjo de forma dramática en Cali cuando la minga indígena del Cauca fue atacada a balazos por civiles, delante de la policía, hiriendo a nueve indígenas. La reacción de la minga contra los criminales fue violenta, con bastones de mando, pero sin armas de fuego; más violenta fue la reacción solidaria de una buena parte de la sociedad, expresada en discursos, artículos, millones de mensajes en las redes sociales, con aquellos que disparándoles a los indígenas, mostraban, vestidos de blanco y armados, una alternativa al caótico estado de cosas que hoy se vive en el país, a saber, la solución paraca.
La narrativa de la solución paraca a los problemas sociales y políticos que se está posicionando, tiene una larga historia, y se caracteriza porque responde con una violencia puramente destructiva y militarista a la resistencia de aquellos que reclaman justicia social. La solución paraca presupone una mentalidad “paraca”, que expresa un discurso de odio y afirma la insignificancia de los indígenas y los más pobres. Como dijo la médica García de la Clínica Imbanaco de Cali: !que vengan las autodefensas y maten mil indios! Un paraquismo que incita el odio racial, la discriminación y la hostilidad contra las minorías.
Pero los autores de los disparos, aún no judicializados, son considerados héroes nacionales por todos aquellos que están viendo que el Estado está perdiendo la capacidad para proteger la vida y la propiedad de los colombianos. Entre estos están, además de los pistoleros caleños, representantes del partido de gobierno que reclaman militarizar, decretar la conmoción interior, censurar la prensa libre y justificar la defensa armada por particulares.
Esta narrativa que está cogiendo fuerza pretende cerrar toda posibilidad a la democracia liberal y a la política civilizada para ser el vehículo de una solución efectiva de la injusticia social. Intenta fortalecer un Estado militarizado que reproduce la injusticia social indefinidamente utilizando su “violencia legítima” contra todas las formas de resistencia que emerjan una y otra vez. Y que surgirán invariablemente dada la magnitud de la injusticia social