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La contratación directa. Suena técnica. Para la mayoría de los colombianos no dice mucho. Pero sí lo dice todo cuando se convierte en una pregunta elemental: ¿a dónde se fue la plata? Ahí empieza el problema de fondo de este gobierno. Una investigación de EL TIEMPO, basada en una respuesta oficial de Colombia Compra Eficiente y replicada por Portafolio, habló de más de $31 billones comprometidos en 80.736 contratos con asociaciones comunales, cabildos y resguardos durante esta administración. Poco después, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, que habían creado las asociaciones público-populares y las de iniciativa público-popular.
Y aquí aparece lo más grave. Ni siquiera la contabilidad pública es pacífica. La propia Colombia Compra Eficiente salió después a decir que la lectura de los $31 billones era imprecisa, que esa suma no equivalía a gasto del Gobierno por asociaciones público-populares y que, estrictamente, esa modalidad sumaba 97 contratos por $3.592 millones; además, sostuvo que 71% de los contratos de la base citada correspondía a modalidades distintas de la contratación directa. Peor todavía. Porque cuando una discusión sobre recursos públicos termina en versiones incompatibles entre una agencia oficial y algunos de los medios más prestigiosos del país, lo que queda no es tranquilidad. Lo que queda es opacidad.
Además, la Corte no tumbó esa figura por un tecnicismo menor. En su comunicado oficial explicó que esos artículos dejaban en manos del reglamento asuntos esenciales de la contratación pública y no definían con precisión capacidades, requisitos ni destinatarios. En otras palabras: primero se abrió una compuerta excepcional para contratar; después se intentó llenar de reglas. Así no funciona un Estado serio. Así se incuban el desorden, la discrecionalidad y la pérdida de control sobre la ejecución.
Lo insólito es que el mismo Gobierno que reclama flexibilidad para gastar exige dureza para cobrar. La Ley 2277 de 2022 creó el impuesto al patrimonio y además impuso cinco puntos adicionales de renta a las instituciones financieras, con anticipo del 100% de la sobretasa. Luego vino la ley de financiamiento de 2024 para conseguir $12 billones para el Presupuesto de 2025. Más tarde, el PGN de 2026 volvió a quedar amarrado a otra ley de financiamiento: primero por $26,3 billones y luego, tras ajustes, por $16,28 billones. Y cuando el Congreso frenó esa vía, el Ejecutivo acudió a la emergencia económica para intentar sacar por decreto parte del recaudo que no logró políticamente.
Y no paró ahí. El Decreto 0572 de 2025 cambió el esquema de autorretenciones: pasó de 7 a 10 tarifas, cobijó a cerca de 135.000 empresas y, según la propia DIAN, buscaba aportar alrededor de $7 billones adicionales en 2025. En el papel, el Gobierno insistió en que no era una carga nueva. En la caja de miles de compañías sí lo fue: menos liquidez, menos capital de trabajo, menos margen para invertir y contratar.
Ese es el verdadero problema fiscal del petrismo. No solo que quiera cobrar más. Es que quiere cobrar más mientras no logra demostrar que gasta mejor. Les exige sacrificios crecientes a quienes producen, invierten y generan empleo, pero no ofrece la misma claridad sobre el destino, la trazabilidad y el impacto de los recursos que mueve por carriles excepcionales. Un Estado puede pedir más impuestos. Lo que no puede pedir es fe.
Colombia no necesita un Gobierno que improvise en el gasto y compense con tributación de emergencia. Necesita uno que priorice, ejecute y rinda cuentas. Porque cuando la plata pública entra por la puerta de la opacidad y los impuestos salen por la puerta de la urgencia, el mensaje para el aparato productivo es devastador: el esfuerzo privado es obligatorio; la disciplina estatal, opcional. Y esa es una fórmula casi perfecta para menos inversión, menos empleo y menos país.
