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“Las firmas encuestadoras deberán cumplir con las leyes de la estadística. Si no lo hicieren, responderán civil y penalmente por sus actos cuando corresponda”, reza el artículo 11 de la Ley 2494 de 2025, conocida coloquialmente como la “Ley de Encuestas”, bautizada por algunos como “ley mordaza”: la que abre la puerta a meter preso a un encuestador por incumplir el Teorema Central del Límite. No debe faltar mucho para que se pretenda también derogar por decreto el Teorema de Pitágoras.
El chiste no termina ahí. La ley disparó los tamaños mínimos de muestra y, con ellos, los costos, obliga a incluir muchos municipios pequeños de difícil acceso, y limita ver los resultados desagregados por geografía o edades. El efecto es doble: las encuestadoras están ensayando metodologías no probadas en plena contienda, y los mayores costos nos han dejado con menos encuestas. En una leguleyada de manual, el Congreso le dejó al país menos y peor información en medio de una elección clave.
Lo confirma la noticia de esta semana: GAD3, una de las encuestadoras más precisas del país en los últimos años, dejará de operar en estas elecciones ante las exigencias de la ley. Nuestro legalismo ególatra terminó imponiendo estándares que una firma probada en varios países no logra cumplir.
En las últimas semanas había decidido no analizar mucho las encuestas, para no confundir el ruido con la señal. Pero cambié de opinión: de acá a primera vuelta, decidí sobreponderar a Atlas Intel, cuya metodología —al margen de debates inanes sobre si es un “sondeo”— se ha tomado más en serio adaptarse a la verdad antes que a la ley.
¿Por qué Atlas es distinto? Primero, por su track record: ha sido una de las encuestas más precisas, si no la que más, en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo mismo en Brasil, y otro tanto en contiendas recientes en Argentina, Chile, Hungría y muchos países más. Sin ir tan lejos, en las regionales de 2023 fue de las pocas que vio venir la victoria de Andrés Julián Rendón en la Gobernación y el segundo puesto de Juan Daniel Oviedo en Bogotá. Y en las consultas de marzo acertó la participación mejor que el promedio, y fue la única que anticipó el paso de Salvación Nacional por encima del umbral.
Segundo, porque mientras las encuestas presenciales son las más golpeadas por la ley —sobre todo por la inclusión forzosa de municipios de difícil acceso—, la metodología digital de Atlas le permite adaptarse sin reinventar lo que viene afinando desde hace casi una década. Además, las encuestas digitales, bien hechas, reducen sesgos propios de las presenciales, como el de subestimar el llamado “voto vergonzante”.
Y Atlas Intel tampoco es, como muchos han pretendido encasillarlo, un “aparecido”: es una de las encuestadoras de mayor credibilidad en el mundo, con alianzas que van desde Bloomberg hasta grandes empresas e inversionistas que basan decisiones en sus trackings privados. No le creo a la conspiración de que Atlas vaya a arriesgar su reputación global “amañando” encuestas en Colombia.
¿Y cuál es la foto que pinta? Un Cepeda cerca al 40%, atado a la favorabilidad de Petro, pero que crece poco para segunda vuelta y que sería derrotado tanto por Paloma como por Abelardo, siendo este último el que mantiene la ventaja para quedar de segundo.
Es solo una foto, y falta más de un mes. Pero mejor tener una luz a la que aferrarse que seguir navegando entre la bruma.
