Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
De las tres lacras que carcomen nuestra sociedad, corrupción, violencia y narcotráfico, la peor de ellas es la última porque alimenta y agudiza las dos primeras y tiene además otras consecuencias muy dañinas.
En efecto, el narcotráfico genera graves males en la economía, el medio ambiente y la salud pública. El impacto económico es devastador. Altera los precios al alza de los predios y la vivienda rural y urbana y genera una burbuja inmobiliaria por la demanda de capos y traquetos; dispara el contrabando como mecanismo de lavado de activos y daña la industria nacional y a los comerciantes lícitos que tienen que competir en desiguales condiciones con los contrabandistas; disminuye la mano de obra disponible para los cultivos lícitos y la encarece; fomenta la inseguridad alimentaria y aumenta la inflación al restringir la oferta de alimentos desplazados por la coca y la marihuana; impacta la tasa de cambio por la entrada masiva e ilegal de dólares y, en paralelo, hace menos competitivas las exportaciones lícitas nacionales; etc.
Las repercusiones en la naturaleza son catastróficas. Centenares de miles de hectáreas de selvas y bosques son deforestados cada año por los cultivos ilícitos; envenena ríos, lagos y lagunas con los precursores que se usan en la fabricación de cocaína; contamina las tierras con los herbicidas y defoliantes que usan los narcos para aumentar la producción de los narcocultivos; etc.
En materia de salud pública los datos son cada vez peores. Los narcotraficantes se alimentan de los consumidores y están permanentemente a la caza de nuevos usuarios. La prevalencia de consumo de sustancias sicotrópicas en la población de 12 a 65 años creció del 9.9% en 2016 a 13.1% en 2025.
En paralelo, los narcos sobornan policías, militares, jueces, funcionarios de puertos y aduanas, y compran políticos a tutiplén. A Samper le financiaron su presidencia. Decenas de parlamentarios han hecho sus campañas con los narcos. La parapolítica es una de sus caras. La farcpolítica, otra. El pacto de la Picota les permitió ganar la Presidencia y ahora impulsan la candidatura de su heredero. La liberación de los capos de las bandas criminales y la suspensión de las órdenes de captura de Chiquito Malo y de otros 28 jefes del clan del Golfo buscan impactar las elecciones, permitiéndoles a los grupos violentos presionar a los electores a punta de fusil y pistola.
Para rematar, el narcotráfico vendió la idea de que se podía hacer fortuna fácil y rápidamente y violando la ley. Para prueba este gobierno de Petro, el más corrupto de la historia, que se roba hasta los inodoros.
Finalmente, nadie duda de que el narco es el motor y la gasolina de los grupos violentos, la razón fundamental por la cual fracasan uno tras otros los intentos de “hacer la paz”, y la causa de centenares de miles de muertos. La sangre de los asesinados por el narcotráfico mancha todo el territorio nacional.
Pues bien, dos de los candidatos a la Presidencia han hecho su carrera a hombros de los narcos y sus fortunas. Ambos enemigos de la extradición. Alguien dirá que todos los criminales tienen derecho a su defensa. Y que esa es tarea de penalistas. Los clientes de los más respetados y reputados, Bazzani, Bernate, Cancino, Granados, Gómez Méndez, Lombana, Riveros, por ejemplo, no son las Farc, los paras y los capos. En cualquier caso, un país que ha sufrido por décadas la violencia del narcotráfico y ha puesto centenares de miles de muertos, ¿merece tener abogados del narcotráfico como presidentes de la República?
Paloma no tiene esqueletos en el clóset ni ha construido fortuna de la mano del narco. Al contrario, ella sí ha dado pruebas toda su vida de su compromiso contra los violentos y el narcotráfico. Uno, abogado de las Farc. Otro, abogado de los demás mafiosos. Paloma, en cambio, abogada de todos los buenos colombianos.
