Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
El otrora gran Estado Soberano del Cauca se extendía desde las costas de Urabá hasta la frontera con Ecuador y, desde el sur, abarcaba desde el Pacífico hasta apropiarse de toda el Amazonas, ocupando casi la mitad del territorio nacional entre 1863 y 1886. Esto durante la era de los Estados Unidos de Colombia, un experimento federal iniciado con la Constitución de Rionegro que buscaba, en una República aún incipiente, contener las tormentas separatistas lideradas por Tomás Cipriano de Mosquera, oriundo de Popayán.
Durante esas dos décadas, Colombia estuvo conformada por nueve grandes estados federados, conocidos como “Estados Soberanos”: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima.
“Make Popayán Great Again” parece estar resonando, siglo y medio después, en los pasillos del Congreso y de muchas oficinas departamentales.
Sumado a los llamados vehementes de los gobernadores en los últimos años, particularmente el de Andrés Julián Rendón, el eco de la descentralización resuena ahora con fuerza gracias a un movimiento intempestivo liderado por Juan Fernando Cristo, quien logró alinear tanto al Gobierno Nacional como a políticos de variopintas corrientes en torno a una causa común: la descentralización del manejo del presupuesto nacional, una promesa incumplida desde la Constitución de 1991.
Este ideario, ahora cristalizado en la inminente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), busca transferir un mayor porcentaje de los recursos de la Nación a las regiones, una iniciativa que el gobierno de Petro está a punto de aprobar con un respaldo casi unánime en el Congreso.
No entraré a debatir la conveniencia o no del proyecto para las finanzas públicas del país, un tema que ya ha sido abordado con mayor profundidad por voces más autorizadas, pero sí quiero detenerme en un aspecto que ha quedado al margen de estas discusiones sobre descentralización: la marcada asimetría entre las finanzas de los municipios y los departamentos estas últimas décadas.
De acuerdo con el Banco de la República, entre 1990 y 2020, con la nueva Constitución, el Gobierno Nacional Central incrementó su gasto del 10% al 23% del PIB, un claro reflejo de la centralización del presupuesto. Sin embargo, el aumento fue aún más pronunciado para los municipios, cuyo gasto pasó del 2% al 8% del PIB, mientras que el de los departamentos apenas subió del 1% al 3%.
Gracias al recaudo de impuestos como el ICA y el predial, ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla han visto crecer significativamente sus ingresos y, en consecuencia, su capacidad de gestión e inversión. En contraste, las finanzas de los municipios pequeños y, sobre todo, de los departamentos, palidecen: los impuestos departamentales representan hoy menos de la mitad de lo que eran hace un siglo como porcentaje del PIB, dependiendo en gran medida de reliquias tributarias coloniales como el monopolio del aguardiente.
El otrora poderoso Estado Soberano del Cauca, de observar la precariedad fiscal actual de los departamentos, probablemente miraría con desprecio.
No sorprende, entonces, que las principales figuras políticas que han sonado en los últimos años para la presidencia sean exalcaldes, y no exgobernadores: plata es poder.
Esa disparidad entre municipios y departamentos no ha sido abordada en los actuales debates de descentralización, cuando debería ser uno de sus puntos centrales: descentralizar debería venir de la mano de elegir si la política del país se va a “departamentalizar” o “municipalizar”.
Y viendo los ejemplos de afuera, y los histórico de adentro, hace más sentido la primera...
Make el Cauca Great Again.
