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El Presupuesto que finalmente decretó el presidente Gustavo Petro para 2025 es de 523 billones de pesos. 523.000.000.000.000 pesos que, tras la caída en el Congreso de la “Ley de Financiamiento”, están desfinanciados.
En 2020, el presupuesto aprobado rondaba los 300 billones de pesos, lo que implica un aumento nominal cercano al 70% en apenas un lustro. Sin embargo, según la visión presidencial, los COP 10 billones no aprobados por el Congreso son la causa de que ahora falten recursos para subsidios de vivienda, cubrir a tiempo los subsidios de energía, incrementar la UPC lo suficiente para evitar que las EPS operen en déficit, o fomentar nuevas inversiones en infraestructura, entre otros, porque, según Petro, el crecimiento del presupuesto se ve anulado por el aumento de la deuda, las transferencias y el impacto de la inflación.
Pues veamos las cifras ajustadas por estos factores.
En pesos constantes de 2025, eliminando así el efecto de la inflación, según datos del exviceministro de Hacienda, Andrés Pardo, el presupuesto ha crecido casi un 20% entre 2020 y el monto recién aprobado, es decir, unos COP 90 billones adicionales. Excluyendo el servicio de la deuda, este aumento es del 10%. Si también se restan las transferencias, el incremento es del 9%: bajo cualquier escenario, el gobierno de Petro cuenta con más recursos; sin embargo, no solo ha sido incapaz de ejecutarlos, sino que tampoco le parecen suficientes.
Datos recopilados por Mauricio Cárdenas evidencian el crecimiento significativo en el número de funcionarios públicos: los empleados en entidades de control a nivel nacional, por ejemplo, pasaron de aproximadamente 35.000 en 2016 a 84.000 en 2024. Según un análisis de La Silla Vacía, este año el gobierno de Petro ha incrementado en un 14% los pagos destinados a la nómina hasta noviembre, mientras que los recursos asignados a inversión se redujeron en un 13%.
Plena bonanza burocrática: no es casualidad que el sector público haya sido el principal motor que ha evitado que la economía colombiana registre contracciones en los últimos trimestres, mientras la inversión, como porcentaje del PIB, continúa disminuyendo.
Según un análisis compartido por José Ignacio López, director de ANIF, el gasto del gobierno como porcentaje del PIB en Colombia supera al de todos los países de la OCDE, excepto Reino Unido y Austria, cuando estos tenían un ingreso por habitante similar al nuestro: el tamaño del Estado colombiano es mayor que el que tenían países como Noruega, Finlandia, Suecia o Francia cuando su nivel de riqueza era comparable al nuestro.
El deterioro del panorama fiscal será el tema económico más relevante para el país en el corto plazo, y para entender las posibles consecuencias de una gestión fiscal deficiente, basta con mirar a nuestros vecinos en Brasil: el real brasileño alcanza un nivel de devaluación cercano al 30% respecto a principios de año, convirtiéndose en la moneda con peor desempeño de 2024, debido principalmente al temor de los mercados ante su gobierno derrochón. ¿Se imaginan el impacto que tendría para la economía colombiana que la tasa de cambio se disparara hacía cerca de los COP 6.000 en un solo año?
Mientras tanto, más abajo en el cono sur, Milei culmina su primer año cerrando todos los meses con un superávit primario, reduciendo la inflación del 13% al 3% mensual, proyectando un crecimiento económico del 5% en 2025 y, según el último dato, logrando reducir la pobreza respecto a los niveles registrados al momento de su posesión.
No sorprende, entonces, que los vientos libertarios comiencen a influir en la precampaña presidencial...
