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La actitud frente a Antioquia refleja un centralismo injusto, que parece actuar con desdén hacia las regiones que no le son políticamente afines. Los recursos para las 4G son una obligación del gobierno nacional, no un regalo.
Por Daniel Duque Velásquez - @danielduquev
El fracaso de la ‘vaca’ para financiar las vías 4G de Antioquia era un desenlace previsible. Lo que comenzó como un acto simbólico de autonomía y orgullo regional terminó evidenciando que los problemas de infraestructura del país no se solucionan con gestos voluntaristas. La meta de recaudar un billón de pesos terminó en apenas 6.000 millones. Un absoluto fracaso que deja más dudas que certezas.
Desde el inicio, las advertencias fueron claras: lograr esa cifra era irreal en un país donde los esfuerzos ciudadanos no pueden reemplazar las responsabilidades del Estado. Pese a ello, el gobernador Andrés Julián Rendón decidió seguir adelante con una propuesta que parecía más una pelea política con Petro que una solución efectiva. Hoy, muchos ciudadanos que aportaron se preguntan qué pasará con su dinero. La Gobernación ya anunció que los recursos se redireccionarán a obras como una galería en el Túnel del Toyo. Sin embargo, esta decisión unilateral no resuelve el malestar: ¿qué opciones tienen quienes exigen la devolución de su dinero? ¿Cómo garantizará la Gobernación la trazabilidad de esos recursos?
Lo más grave es que las vías 4G quedaron atrapadas en la disputa política entre Rendón y el presidente Gustavo Petro. Ambos prefirieron la confrontación y la retórica para congraciarse con sus respectivos electores, pero ninguno ofreció soluciones reales. Por un lado, el gobierno nacional abandonó las obras bajo la excusa de limitaciones presupuestales, mientras los recursos públicos se guardan en fiducias y la ejecución está parada. Por el otro, la Gobernación respondió con una medida populista que, al fracasar, le terminó dando una victoria indirecta al gobierno central.
Es una lástima que estos proyectos estratégicos —vitales para conectar a Antioquia con el resto del país y fortalecer su competitividad— se vean reducidos a una pelea de egos y protagonismos. El gobernador tenía una causa justa: las vías 4G no pueden quedarse a medias. Pero su apuesta fallida no solo debilitó su posición, sino que dio argumentos al gobierno central para criticar la falta de rigor y planeación en las decisiones regionales.
Pero Petro tampoco puede celebrar. Su actitud frente a Antioquia refleja un centralismo injusto, que parece actuar con desdén hacia las regiones que no le son políticamente afines. Los recursos para las 4G son una obligación del gobierno nacional, no un regalo. Antioquia y el país merecen soluciones estructurales, no castigos políticos ni promesas vacías.
Esta historia deja una lección clara: las disputas políticas no pavimentan carreteras. La infraestructura vial no puede ser un campo de batalla partidista. Antioquia no necesita colectas simbólicas ni discursos cargados de odio e ideología; necesita acuerdos serios y obras marchando. El progreso del país no puede depender del orgullo regional ni de la retórica presidencial.
Es hora de que ambas administraciones —nacional y departamental— dejen de lado las diferencias y trabajen por lo que realmente importa: completar las vías 4G, fundamentales no solo para Antioquia, sino para todo el país. La confrontación debe dar paso al diálogo, porque el futuro de Colombia merece más que líderes irresponsables jugando a gobernar.