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La escena parecía salida de un mal sueño. En plena avenida El Poblado, un grupo de encapuchados rayaba las vitrinas de un McDonald’s, mientras adentro los comensales —entre ellos varios niños— miraban aterrados sin entender qué pasaba. Los gritos, los insultos y una mezcla de rabia y desconcierto se apoderaban del ambiente. Lo que había empezado como una marcha en solidaridad con el pueblo palestino —una causa profundamente humana y justa— terminó convertida en una batalla campal.
Mientras tanto, los llamados “gestores de convivencia” de la Secretaría de Seguridad, esos que deberían evitar la violencia y mediar los conflictos, aparecieron en videos pateando a ciudadanos en el suelo, incluso en la cabeza, como si fueran parte de un escuadrón de choque y no de un equipo civil. La imagen es brutal y vergonzosa. No solo porque contraviene su misión, sino porque muestra hasta qué punto algunos funcionarios creen que el poder del Estado les da derecho a actuar por fuera de la ley. Lo que vimos fue abuso, sin matices ni excusas.
Y como si el absurdo necesitara un símbolo más gráfico, allí estaba él: un concejal del Centro Democrático, escondido detrás del cuerpo antidisturbios, sosteniendo un bate de béisbol. Con el gesto de quien quiere parecer valiente, pero en realidad está protegido por un muro de escudos y cascos. La escena roza lo cómico, si no fuera tan peligrosa. Porque nada amenaza más la democracia que quienes pretenden intimidar a los ciudadanos —desde cualquier orilla ideológica— con la fuerza o con el miedo.
Lo ocurrido debería indignarnos a todos. No hay justificación para el vandalismo, como tampoco la hay para los golpes propinados por quienes, con un contrato público y un chaleco oficial, representan a la institucionalidad. Ni unos ni otros tienen derecho a violentar a nadie. Pero hay una diferencia fundamental: el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos, no de violarlos. Cuando un funcionario público patea en la cabeza a un manifestante, lo que se fractura no es solo el cuerpo de la víctima, sino la confianza ciudadana en el Estado mismo.
Algunos han intentado justificar el abuso con el argumento de que “la violencia se combate con firmeza”. Pero la violencia nunca ha sido un método de convivencia. Es el fracaso de la política, el agotamiento del diálogo y la negación del otro. La firmeza no está en los golpes, sino en la capacidad de aplicar la ley con imparcialidad y sin odio.
La Alcaldía debe sancionar con rigor a los contratistas involucrados y revisar a fondo la forma en que se están utilizando los “gestores de convivencia”. La justicia, por su parte, debe identificar a quienes vandalizaron y atemorizaron ciudadanos.
Medellín no puede seguir normalizando la violencia como lenguaje político. Ni las piedras, ni los bates, ni las patadas en la cabeza representan ninguna causa justa. La convivencia no se impone: se construye con respeto, con límites y con humanidad. Y el poder, cuando se ejerce sin esos valores, deja de ser autoridad y se convierte, simplemente, en abuso.
