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Vivimos desconectados del origen de la electricidad, asumiendo que el interruptor de la pared es un milagro garantizado. Al ser invisible mientras funciona, solo notamos su existencia cuando falta. Es ahí cuando entendemos una verdad incómoda: la electricidad no es cara por el valor de su factura, sino por el daño inmenso que provoca su ausencia. Un apagón paraliza hospitales, industrias, comercios, transportes y comunicaciones; detiene la economía, multiplica las pérdidas y golpea la confianza de un país entero. Por eso, su desaparición resulta devastadora. Al final, la energía más costosa siempre será aquella que no se tiene cuando más se necesita.
La electricidad más cara no es la de origen térmico, ni la generada con gas importado, ni la que se comercializa a precios de escasez en las horas pico. El verdadero costo de la energía solo se calcula en un apagón.
Durante años, el discurso político de la transición energética avanzó a una velocidad muy superior a la ejecución real de los proyectos. Mientras la narrativa oficial celebraba metas en el papel, el sistema acumulaba riesgos estructurales: retrasos crónicos en generación y líneas de transmisión, déficit de gas natural, incertidumbre regulatoria que ahuyentó capitales, desfinanciamiento institucional y una dependencia crítica de las lluvias.
Esta falta de previsión nos sitúa ante una contradicción técnica. El mercado colombiano, por diseño, privilegia la generación hidráulica por ser la más barata. Aunque esto reduce el uso de las térmicas y abarata temporalmente el kilovatio, dicha lógica se transforma en una trampa ante el fenómeno de El Niño. Mientras el mercado celebra los precios bajos, los embalses descienden de forma dramática. Al consolidarse la sequía, el país descubre que ahorró unos cuantos pesos, pero sacrificó su seguridad energética.
A esta fragilidad física se suma un componente financiero menos visible, pero igualmente desolador. El Sistema Interconectado Nacional sin liquidez se deteriora mucho antes de fallar: posterga mantenimientos, encarece las compras en bolsa, debilita las inversiones y convierte cada decisión operativa en un problema de supervivencia empresarial.
Colombia aún tiene margen de maniobra, siempre que entienda que la electricidad no se decreta cuando el agua escasea, ni se improvisa cuando las térmicas requieren combustible. La energía barata, cuando agota las reservas equivocadas, se convierte en una deuda.
En este sector, las deudas mal calculadas se cobran con precisión matemática: primero en los balances, luego en la red y, finalmente, en la cotidianidad de un país que solo valora el sistema cuando llega la penumbra.
Evitar un apagón exigirá tarifas temporalmente más altas o decisiones regulatorias difíciles. El país debe elegir entre pagar un poco más hoy o enfrentar una destrucción económica mucho mayor mañana. En el sector eléctrico, como en el mercado de los seguros, el verdadero valor del respaldo solo se entiende el día en que desaparece. Cuando eso ocurre, el kilovatio más caro no es el que llega impreso en la factura: Es el que, simplemente, ya no existe.
