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La situación es aberrante: un extranjero fue hallado en un cuarto de hotel con dos niñas de 12 y 13 años. La denuncia y la reacción de la Policía llegaron a tiempo para evitar que el abuso se consumara, pero la intención fue clara. El resultado fue totalmente incomprensible: el extranjero fue dejado en libertad “porque no estaba en flagrancia” y el hotel cerrado por escasos diez días.
Curiosamente, los nombres del abusador y el hotel fueron celosamente custodiados inicialmente. Pero el nombre del hotel se conoció y sus responsables emitieron una escueta respuesta afirmando que se había burlado su seguridad y que estaban siendo acosados y perjudicados por los hechos. Disculpen la molestia.
Posteriormente, mientras escribía esta columna, recibimos la noticia de que el tipo se escapó a su país de origen, como era de esperarse. La sensación que queda, tanto en el público como en los futuros violadores y sus cómplices, es que aquí no les pasa nada a los abusadores; que las leyes no se cumplen, las autoridades son laxas y las niñas están desprotegidas. Todo un paraíso para los criminales de la explotación sexual. Debe publicarse en medios, redes y aeropuertos la foto del abusador pues, ante la inoperancia de la justicia, debería al menos ser sometido al escarnio público: que en nuestro país y en el suyo todos sepamos que es un pedófilo violador. Su nombre es Timothy Alan Livingston.
La responsabilidad no recae sólo en el abusador, pues existe una infraestructura dedicada a este negocio macabro: redes de agencias de viajes, operadores turísticos y propietarios de alojamientos que facilitan la explotación sexual; proxenetas presenciales o digitales que reclutan niñas y mujeres vulnerables y un sistema de corrupción que permite mantener callados a quienes saben lo que sucede. No sólo se compran cuerpos, también se alquilan silencios.
El marco normativo es robusto en leyes nacionales y convenios internacionales para perseguir y castigar la explotación sexual, así que el problema no está ahí. El problema, como siempre, está en la inoperancia de las autoridades civiles, policiales, judiciales y en la complicidad de numerosos ciudadanos que miran a otro lado a cambio de unos dólares. A estas alturas deberíamos tener un cuerpo de inteligencia dedicado exclusivamente a exponer las redes de tráfico sexual, una dependencia de la alcaldía vigilando día y noche y un sistema de recompensas para quienes denuncien a abusadores y proxenetas.
Desde que conocí al alcalde Federico Gutiérrez lo he escuchado hablar con indignación y horror de la explotación sexual de niños. Lo hemos visto prometer más mano dura contra este delito y amenazar con el uso de la acción de extinción de dominio a los establecimientos que faciliten esta atrocidad. Si esta situación no deriva en medidas contundentes y mensajes claros, Medellín seguirá siendo vista como una tierra de impunidad. Es hora de que se empiecen a ver las medidas y los resultados, es hora de que los abusadores (nacionales y extranjeros) se sientan vigilados, perseguidos y castigados. Son ellos quienes deben tener miedo, no las mujeres.
