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No hay duda alguna de que Colombia ha progresado de manera notable en materia de servicios de salud y de servicios públicos. Pero esto parece no importar en estos momentos en el gobierno. Con el liderazgo del presidente, parecieran estar más interesados en implementar una visión del mundo que proviene de dogmas trasnochados, que en resolver los miles de problemas que aquejan a la población colombiana.
Sobre los grandes riesgos de la reforma a la salud que hoy cursa su trámite en el Senado de la República se ha dicho ya de todo. Cientos de personas, entre expertos, asociaciones médicas, usuarios del sistema, entre muchos otros, ya han alertado sobre las gravísimas consecuencias que tendría implementar la reforma del gobierno. También han propuesto muchas iniciativas de reforma al sistema actual para lograr superar las falencias que aún tiene.
Pero poco se ha dicho sobre lo que el presidente quiere hacer en materia de servicios públicos. Circula ahora un borrador de un proyecto de reforma a las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (de energía eléctrica) que, de ser aprobada como se lee, tendría unos efectos perversos sobre el suministro y los costos de energía, gas combustible y agua potable en Colombia.
Ya he tocado este tema en varias columnas, pero es tan complicado lo que se propone, que habrá que tocarlo cuantas veces sea necesario. Para ponerlo de manera simple, el borrador del proyecto de ley busca entregar de manera franca el control de los servicios públicos al presidente, para que éste, de manera directa o a través de las instituciones que él controla, haga lo que le parezca.
Y aunque desde la expedición de estas leyes la actividad regulatoria siempre ha estado en cabeza del presidente, desde el año 1994 la regulación del sector se ha llevado a cabo de manera técnica, seria, coherente y con tracto consecutivo por las instituciones creadas por esas mismas leyes: las comisiones de regulación (CREG para energía y gas y CRA para agua y aseo), las unidades de planeación (UPME) y la de vigilancia y control (Superintendencia de Servicios Públicos). El Ministerio de Energía, en el caso de la energía eléctrica y el gas, se ha limitado a establecer un marco conceptual que permita desarrollar la regulación para prestar los servicios de manera eficiente, solidaria y sostenible. Por supuesto que hay siempre espacio para mejorar. Pero esto no es lo que busca la propuesta de reforma a la ley.
El borrador del proyecto da al traste con esta tradición. Si bien es necesario reformar ciertos aspectos de la prestación de servicios públicos en el país, lo que se requiere es más competencia, más participación pública y privada, más sofisticación regulatoria, más generación de economías de escala que permitan prestar el servicio de manera cada vez más eficiente y confiable.
El proyecto de ley lograría todo lo contrario. Busca entregarle facultades directas al presidente y “democratizar” la prestación del servicio mediante la creación de infinidad de figuras comunitarias que podrían diseñar esquemas para cobrar las tarifas que les provoque. Es la creación de pequeñas “islas” de prestación de servicio, generando economías de escala y probablemente llevando a un caos en materia de tarifas, de calidad y de confiabilidad de los servicios públicos, además de volver cada vez más compleja la vigilancia y control de esta prestación. Propone, además, crear unos comités de desarrollo y control social con facultades para intervenir en la regulación. Un verdadero galimatías.
El presidente ya trató de hacerlo una vez, y afortunadamente el Consejo de Estado no lo permitió. Ahora está tratando por otro camino. El proyecto de reforma a las leyes 142 y 143 no es nada distinto a la cuota inicial para la intervención del Estado en el mercado de servicios públicos en Colombia.
