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El 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de la República para el periodo constitucional 2026-2030, en una jornada marcada por el narcisista, cínico y falaz discurso de Gustavo Petro, que se empeñó en mostrar logros inexistentes, deslegitimar la elección del Presidente Abelardo de la Espriella y profundizar la división y la polarización que caracterizaron sus cuatro años de gobierno.
Como era previsible, Petro eludió cualquier referencia a la profunda crisis del sistema de salud que deja como herencia, al fracaso de su política de Paz Total, al deterioro de la economía y de las finanzas públicas, a la baja ejecución de su administración y al incumplimiento de buena parte de sus promesas de campaña. Tampoco asumió responsabilidad por los numerosos escándalos de corrupción que hoy tienen a varios de sus más altos funcionarios investigados, privados de la libertad o prófugos de la justicia.
Más allá de eso, los ciudadanos tienen la inquietud de si este Congreso estará a la altura del mandato de recomponer el país. Los resultados de las elecciones legislativas del ocho de marzo supusieron una renovación en la composición y redefinieron las fuerzas políticas. En el Senado, de 103 integrantes, 32 llegan por primera vez y en la Cámara de 183 Representantes, 145 son nuevos y apenas 38 repiten. Nunca se había dado una renovación tan grande.
Este cambio no garantiza la transformación. Este Congreso tiene la responsabilidad de recuperar el prestigio de una institución que ha sido vista como escenario de confrontaciones estériles, de decisiones basadas en intereses particulares, o de transacciones corruptas para cooptar mayorías, incluso en perjuicio de los colombianos. Los ciudadanos necesitan recuperar la confianza en una institución que hoy tiene, incluso, a presidentes de ambas Cámaras, privados de la libertad. El Congreso debe volver a ser el espacio donde se construyen soluciones y donde el Gobierno encuentra un control serio, pero también un aliado cuando actúa en favor del interés nacional; especialmente, que ayude a recomponer el rumbo del país, en materia económica, política y social, tras el desastre que deja a su paso Petro.
Un primer cambio fue la elección del presidente del Senado, que después de unas tres décadas, volvió a ser por votación y decisión de los parlamentarios; y a pesar del revuelo, es probable que el Presidente Abelardo cuente con la coalición para contribuir a su gobernabilidad, pues sería difícil entender que esa unión temporal entre Centro Democrático y Pacto Histórico se mantenga cuando los postulados que promulgan son diametralmente opuestos. Y cuando las mayorías del Congreso se identifican en la necesidad de defender la democracia y las libertades; y coinciden en la urgencia de recuperar la seguridad, sanear las finanzas públicas, reactivar la economía, devolver confianza a la inversión, fortalecer la justicia, proteger a las Fuerzas Militares y reconstruir unas instituciones que durante el último cuatrienio fueron sometidas a una tensión sin precedentes.
Cerca de 13 millones de colombianos ya hicieron su parte en las urnas, al derrotar al candidato del continuismo devastador; se viene el momento de que el Congreso demuestre que entendió ese mensaje y asuma como suyo el mandato popular dado al Presidente electo.
