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Columnistas | PUBLICADO EL 24 abril 2022

Conflicto armado y violencia en colombia

Pareciera que para varios candidatos a la presidencia el conflicto armado no es un tema que dé votos, sino uno que es mejor eludir.

Por Alejo Vargas Velásquez

Muchos colombianos caímos en la equivocación de creer que llegar a un acuerdo con la insurgencia de las Farc-Ep era terminar el conflicto armado interno y, peor aún, terminar con la reiterada utilización de la violencia, por diversos actores políticos, lo que, como sabemos, ha sido una constante a lo largo de nuestra historia —desde las guerras civiles entre liberales y conservadores en el siglo XIX, pasando por la llamada “insurrección bolchevique” de la naciente izquierda política a inicios del siglo XX; luego, la violencia bipartidista de mediados del siglo pasado y, posteriormente, a partir de los años 60, la violencia “revolucionaria” que luego llamamos conflicto interno armado—.

Pero, claramente, esto no es lo que ha sucedido; estamos en el posacuerdo con las Farc-Ep, al tiempo que seguimos en el conflicto armado no solo con la insurgencia del Eln, sino también con otros actores armados —recordemos que en los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra se considera que actor de un conflicto armado interno es aquel grupo armado organizado que tiene un mando responsable y desarrolla actividades militares sostenidas en un territorio—, como lo son las disidencias del Epl —los llamados “pelusos”—, las de las Farc —con sus diversas denominaciones— y el llamado Clan del Golfo.

Lo anterior es muy importante precisarlo, porque no solo define la naturaleza de los enfrentamientos, sino también la posibilidad que tiene la fuerza pública de utilizar determinado tipo de armamento para enfrentar a estos grupos —por ejemplo, el uso de bombardeos para combatir a estos grupos y todo lo relacionado con el derecho operacional de la fuerza pública—, pero, igualmente, la aplicación por las distintas partes de las normas del derecho internacional humanitario, especialmente en la protección de los civiles no combatientes.

Todo lo mencionado, más el recrudecimiento de los enfrentamientos armados y los hechos de violencia o terrorismo en determinados territorios, nos evidencia que, desafortunadamente, el conflicto armado interno no ha concluido y que, por el contrario, tiende a agudizarse por momentos, con la cantidad de muertos y horrores que afectan especialmente a la población civil, pero también a los combatientes.

Por ello es muy preocupante que en la actual campaña presidencial no se haya abordado seriamente este problema —pareciera que para varios candidatos ese no es un tema que dé votos, sino uno que es mejor eludir— y los que marginalmente se refieren lo hacen o bien para hablar de forma rimbombante —que van a acabar con esos grupos, como si el tema se resolviera solo con usar expresiones guerreristas— o bien para decir que van a resolver el tema en tres meses una vez se posesionen en la presidencia, haciendo caso omiso de que una insurgencia como el Eln va a exigir un proceso de conversaciones similar al adelantado con las Farc-Ep.

Habrá unos temas por resolver con el Eln que las campañas deberían analizar, en caso de que lleguen a ser gobierno, e igualmente con las demás organizaciones ilegales. Así mismo, deberían analizar la estrategia que debe adelantar la fuerza pública —tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional— para enfrentar estos diversos fenómenos de inseguridad pública, la creciente inseguridad ciudadana, que en ocasiones está relacionada con el conflicto armado y que en otros casos se trata de la crítica situación social y, claro, el diseño de estrategias de inteligencia y modalidades de vigilancia y patrullaje de la Policía Nacional y el apoyo o no que deberían dar las fuerza militares.

Alejo Vargas Velásquez
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