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Columnistas | PUBLICADO EL 29 septiembre 2021
Burdel a cielo abierto
Por ana cristina restrepo j.redaccion@elcolombiano.com.co
Prostitución no es “trabajo sexual”. “Trabajo”, “oficio” o “actividad sexual remunerada” son eufemismos que perpetúan una forma de explotación inhumana. La discusión no radica en si la víctima de esas prácticas se reconoce a sí misma como tal, si “le gusta hacerlo”, o en su “libertad de elegir”; los focos son otros: la dignidad (ligada a la definición de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo) y la demanda.
La prostitución tiene vínculos con crímenes como la trata de personas y su fin de explotación sexual; de ella derivan delitos tipificados en nuestra legislación, como la inducción a la prostitución, el proxenetismo y la pornografía con menores. En la sentencia C-639 de 2009, la Corte Constitucional indica que el Estado por disposición de la Constitución “no es indiferente” a sus efectos, y exige a las autoridades la adopción de medidas tendientes a evitar su propagación y mitigar sus consecuencias. Reconoce que es “degradante para la persona humana”.
Este lunes, Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra la alcaldía de Medellín y el Comité Municipal de Trata de Personas por incumplimiento de la ley 985 de 2005 (contra la trata de personas). Desde la capital antioqueña, la ONG trasladó a Cali a una víctima que no fue protegida como ordena la norma.
Recientemente, la alcaldía adoptó medidas para contrarrestar la explotación sexual infantil en las zonas rosa. Como en un burdel a cielo abierto, la ciudadanía es testigo de la poca efectividad de dichas disposiciones, en medio de denuncias que evidencian el desconocimiento de realidades estructurales: el cobro de sexo por horas en el Parque Lleras ocurre desde hace décadas ante la inoperancia de las autoridades (presencié esa laxitud, como propietaria de un pub).
Somos origen y destino de la trata. La juez penal Helena Luna Hernández señala que, “aunque Colombia ha suscrito pactos internacionales, sigue siendo un país negacionista de la explotación sexual”.
El Estado y los medios de comunicación somos corresponsables en la pervivencia del flagelo: el primero, por sus medidas insuficientes para detectar, prevenir y sancionar la incitación y el consumo; y los segundos, por el uso de un lenguaje que lo naturaliza, dignifica y avala como “negocio”. “Cuando se desliga el tratamiento de fenómenos como la trata y la prostitución se pierde la capacidad de dirigir esfuerzos institucionales integrales”, explica Hernández, quien sostiene que es necesaria una reforma para facilitar la identificación de víctimas (datos fiables para la elaboración de políticas públicas), fortalecer el restablecimiento de derechos (Perú y Argentina nos superan en más de diez veces en cifras anuales de rescate) y sancionar la demanda.
En Colombia coexisten tres factores que favorecen la explotación sexual. (1) La vulnerabilidad: menores y mujeres pobres, desplazadas, violadas, afectadas por el conflicto armado; (2) la demanda, históricamente empoderada, que considera que tiene el “derecho” a comprar el cuerpo de un ser humano, y (3) la bruma normativa que impide a los funcionarios definir los límites entre lo lícito y lo ilícito.
Por ejemplo, en Colombia el proxenetismo webcam es considerado “emprendimiento” mientras sus usuarios pueden gozar del anonimato. Me pregunto si los honorables congresistas que adelantan la regulación dirían con orgullo “mi hija es modelo webcam”.
No extraña, pues, que el “oficio más viejo del mundo” rejuvenezca en Medellín
