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Por estos días, se ha creado un gran revuelo con el proyecto de ordenanza que presentó el Gobernador de Antioquia para imponer una tasa con base al consumo del servicio público de energía eléctrica destinada a fortalecer la seguridad en el Departamento. Si bien es cierto que los impuestos, por su misma definición, no son de la devoción de los contribuyentes, hacen parte de los deberes inherentes de los ciudadanos para garantizar los bienes públicos fundamentales como la seguridad y convivencia ciudadana.
La tasa que propone el Gobernador cuenta con el sustento legal para su creación. Contrario a lo expresado por una influyente empresa prestadora de servicios públicos de la ciudad de Medellín, el fundamento de esta tasa lo otorga, no solo el artículo 12 de la ley 2272 de 2022, sino la misma Corte Constitucional, que en sentencia 363 del 2023 declaró su constitucionalidad. Por cierto, dicha tasa se cobra desde hace varios años en otros Departamentos del país, sin que existan dudas de su legalidad o de los deberes que su liquidación impone. Por lo tanto, flaco favor hacen quienes quieren disfrazar sus intereses individuales con argumentos legales inexistentes.
La medida resulta necesaria ante la precarización del manejo de la seguridad por parte del Gobierno Nacional. Creo que esta premisa no sorprende a ninguno de los lectores y, por el contrario, ellos mismos tendrían argumentos para sustentarla. Sin embargo, resulta dramático constatar con los comandantes de las distintas fuerzas en el territorio cómo se le han disminuido sistemáticamente elementos fundamentales como el combustible, horas de vuelo, movilidad, mantenimientos y otros necesarios para el desarrollo de sus labores cotidianas, que tanto redundan en la tranquilidad de los ciudadanos.
En este sentido, desde la exposición de motivos del proyecto de ordenanza se especifican cinco líneas de inversión con los recursos que se recauden. Primero, tecnología, que mejorará la operatividad y la judicialización de conductas delictivas; segundo, fortalecer la infraestructura de los organismos de seguridad; tercero, construcción de la cárcel departamental; cuarto, apoyar la estrategia de escuadrones conjuntos que mejoren la presencia de la fuerza pública en la ruralidad. Por último, se priorizan acciones preventivas que contribuyan a que los jóvenes no se vinculen con economías ilegales a través de la promoción del deporte y la recreación. Toda una política integral, como mandan las últimas tendencias en seguridad y justicia.
Finalmente, la medida atiende a la coyuntura y capacidad de pago de los contribuyentes. Se trata de una medida temporal, su vigencia está prevista hasta 2027 respondiendo a las circunstancias que la originan y, además, exime de su pago a los estratos 1, 2 y 3 del Departamento, que representan el 78% de los antioqueños. Por consiguiente, la medida resulta ser progresiva, como lo exige la técnica tributaria.
A pesar de las incomodidades que resultan de estas decisiones, estamos ante una medida que resulta legal, necesaria y progresiva para evitar un deterioro irreversible en la seguridad del Departamento, ante la mirada desdeñosa e indolente del Gobierno Nacional. Al respecto, como corresponde, será solo la Asamblea Departamental la que decida.
*Abogado, Politólogo y Doctor en Derecho. Profesor Universitario.
