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El Metro de la 80 no es solo una obra de infraestructura; es un proyecto de transformación social y económica para Medellín. Representa la posibilidad de una ciudad mejor conectada, más sostenible y equitativa. Sin embargo, su desarrollo enfrenta un obstáculo que no proviene de problemas técnicos ni de la falta de voluntad local, sino de la intransigencia política del presidente Gustavo Petro.
A pesar de que el proyecto fue declarado de importancia estratégica para la Nación mediante el CONPES 4003 de 2020, y de que el Gobierno Nacional se comprometió a aportar el 70% de los recursos mediante vigencias futuras, no se ha desembolsado un solo peso. Mientras tanto, Medellín ha cumplido con su parte, destinando $684.000 millones y logrando un avance de más del 30% en las obras y del 80% en la gestión predial. Este progreso responde a la determinación de una administración que ha optado por no depender de un respaldo que, por derecho y por ley, debería haber llegado desde la Presidencia.
Los moradores del proyecto no deben ser utilizados como bandera política por quienes buscan frenar su desarrollo. La gran mayoría ha participado en el proceso y ha alcanzado acuerdos. De los más de 1.200 predios necesarios para la obra, 912 han sido negociados y entregados voluntariamente, lo que refleja un proceso de concertación respetuoso de los derechos de los propietarios. Más del 80% de los afectados ha aceptado las ofertas de compra.
Además, el alcalde Federico Gutiérrez a implementado nuevos mecanismos de compensación económica para garantizar justicia en las transacciones. El primero reconoce el 100% del avalúo comercial ofertado, asegurando que las familias afectadas puedan reubicarse sin perder valor en su patrimonio. El segundo compensa la depreciación de la construcción, permitiendo a los afectados adquirir una nueva vivienda en condiciones equitativas. Estas medidas beneficiarán a más de 350 predios con una inversión de $40 mil millones adicionales que pone el distrito.
El Metro de la 80 no solo mejorará la movilidad; impulsará el desarrollo urbanístico, generará empleos y contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes. Es una apuesta por el bienestar de Medellín y un compromiso con su futuro. No es solo una obra de transporte, es una visión de ciudad que va más allá de lo técnico, lo politico y lo económico.
Entonces, ¿por qué Gustavo Petro se niega a cumplir la ley? La razón es clara: retaliación política. Medellín no votó por él en las elecciones, además no nos hemos quedado callados frente a su desfachatez, por ende su respuesta ha sido bloquear los recursos de un proyecto clave para la región. No es un problema de “liquidez” ni de “disponibilidad de caja”, como intentan justificar. Es un acto de venganza política hacia Medellín, disfrazados de decretos. Un ejemplo claro es el Decreto 069 de 2025, que aplazó $497 mil millones destinados al Metro de la 80 para esta vigencia. Además, en 2024 se incumplió con el giro de $483 mil millones, y los $512 mil millones previstos para 2026 que seguramente tampoco llegarán. Esta falta de cumplimiento es un golpe directo al desarrollo de Medellín.
El retraso en los desembolsos no solo compromete el avance de las obras, sino que genera un impacto económico significativo. Se estima un perjuicio de $1.5 billones de pesos, incluyendo costos judiciales, aceleración de créditos, cláusulas penales e impactos por terminación de contratos. Además, afecta directamente a los moradores involucrados.
Tan grave es la situación que desde Medellín se radicó ante la Contraloría y la Procuraduría una solicitud de vigilancia especial por el incumplimiento del Gobierno Nacional en sus obligaciones. Se pide a estas entidades que determinen, dentro de sus competencias, si la falta de aportes de la vigencia 2024 y el aplazamiento de los desembolsos de 2025 podrían generar inconvenientes sociales con los moradores y afectar la economía local, considerando el estado avanzado de la gestión predial y la imposibilidad de ejecutar las obras requeridas. La falta de recursos podría poner en riesgo el pago de indemnizaciones y la adquisición de predios en negociación, lo que afectaría el reasentamiento de algunos moradores de la zona de influencia. Este incumplimiento del Gobierno Nacional podría configurar una vulneración al principio de planeación, eficiencia y transparencia en la gestión fiscal, establecido en la Constitución Política y en la Ley 610 de 2000.
A pesar de estos obstáculos, el Metro de la 80 sigue avanzando. Medellín no se detiene ni se somete a presiones políticas. Esta no es una disputa ideológica. La ciudad no está pidiendo un favor, está exigiendo que se cumpla con lo pactado.
Es hora de que Gustavo Petro actúe como presidente de todos los colombianos. No se le pide generosidad, sino que respete la ley y el convenio de cofinanciación firmado en el año 2020. La Presidencia no puede ser utilizada como una herramienta de revanchismo político.
Desde Medellín estamos haciendo todo lo jurídica y financieramente posible para que el proyecto no se detenga, pero es claro que el único responsable, si se frena el Metro de la 80, es Gustavo Petro.
