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En Colombia se presume de cifras que hablan de crecimiento, estabilidad y progreso. El presidente repite que volvió más ricos a los ricos. Pero la verdad es más cruda: la riqueza que se expande con fuerza no es la de la economía formal, sino la de los narcotraficantes, los mineros ilegales y quienes saben camuflar capitales ilícitos. El país no crece sobre bases sólidas, sino sobre la cuerda floja de las economías criminales.
Detrás de ese relato optimista hay una verdad incómoda: buena parte de la economía nacional se sostiene sobre tres pilares ilegales —el narcotráfico, la minería ilegal y el flujo creciente de remesas— que, mediante mecanismos de lavado como el pitufeo, camuflan dinero ilícito en el sistema financiero y otorgan oxígeno a un modelo frágil y vulnerable.
El pitufeo consiste en fraccionar grandes sumas en múltiples transacciones pequeñas, realizadas a través de diferentes personas o cuentas, con el fin de no despertar alertas. Es la forma más sofisticada de introducir grandes capitales ilegales en la economía formal con apariencia de legalidad. Hoy estas rentas se esconden en giros, depósitos fragmentados y microinversiones difíciles de rastrear.
Un ejemplo lo ilustra bien el pitufeo: para mover US$100.000 desde EE. UU. Producto de la venta de cocaina, los narcos ya no arriesgan a una persona con billetes pegados al cuerpo que logre pasar los controles de los aeropuertos. En cambio, se consiguen 100 personas en Colombia que prestan su cédula; cada una recibe US$1.000 en su cuenta, simulado como remesa, y luego la organización recoge en el país cerca del 90 % de la suma, ya integrada en el circuito financiero como flujo lícito.
Esta modalidad conecta hoy a los tres grandes motores de la economía criminal. El primero es el narcotráfico. Colombia produce el 67 % de la cocaína mundial, con más de 253.000 hectáreas sembradas, récord histórico según Naciones Unidas. Solo entre 2015 y 2019, esta economía movió entre 1.200 y 2.600 millones de dólares anuales, y la cifra es aún mayor gracias a la expansión de mercados en Asia y África.
El segundo es la minería ilegal, que supera en rentabilidad a la cocaína y se ha convertido en la caja registradora de mafias y grupos armados. En muchos municipios, desde el zapatero hasta el vendedor de esquina terminan ligados a una cadena que empieza con un barequero artesanal y culmina en sofisticadas redes de exportación. Allí también opera el pitufeo: el oro ilícito se fragmenta en cientos de transacciones que terminan como depósitos bancarios legítimos dentro y fuera del país.
El tercer motor son las remesas. En 2024, Colombia recibió USD 11.848 millones, equivalentes al 2,3 % del PIB, superando en un 80% las exportaciones de petróleo y triplicando las de café. Aunque gran parte de estas divisas proviene del esfuerzo de millones de migrantes, sería ingenuo negar que el sistema de giros es también un canal para el lavado. A julio de 2025, las remesas crecieron 14,1% y alcanzaron USD 7.566 millones en solo siete meses. Entre esos millones de transacciones, el pitufeo encuentra terreno fértil para camuflar capitales ilícitos.
Mientras tanto, el presidente Petro persigue y estigmatiza a empresarios y gremios, pero mantiene intactas las economías ilegales, legitimándolas en su discurso y gobernando en la práctica a su favor.
El discurso oficial, sustentado en cifras de aparente estabilidad, omite que buena parte de esos indicadores están inflados por rentas criminales. Esta dependencia constituye un riesgo político de gran magnitud: se alimenta la ilusión de un país sólido, cuando en realidad lo que sostiene el consumo, el déficit externo y la balanza de pagos es dinero proveniente del narcotráfico y de la minería ilegal. En otras palabras, lo que se celebra no es una bonanza económica, sino una bonanza criminal.
Lo que hoy se presenta como prosperidad es, en realidad, el espejismo de un país sostenido por el crimen organizado. El reto está en desenmascarar esta falsa estabilidad y construir un modelo productivo basado en la innovación y la legalidad. De lo contrario, seguiremos atrapados en el autoengaño, mientras desde la Casa de Nariño, en lugar de enfrentar el problema, gobierna de la mano de los ilegales y permite que sean ellos quienes, en la sombra, marquen el rumbo del país.
