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Toda política de seguridad es una teoría sobre la violencia que pretende resolver y, en Colombia, esta teoría lleva más de una década vencida. Como antropólogo y experto en resolución de conflictos, llevo más dos décadas estudiando en contextos de violencia armada. Aprendí una lección que pocas universidades enseñan: los grupos armados leen los incentivos mejor que cualquier tecnócrata. Cuando el Estado se equivoca de diagnóstico, ellos cobran la diferencia.
La Paz Total ha sido un fracaso. El propio presidente Petro lo admitió. Fracasó no solo en la ejecución, sino también porque partió de una lectura equivocada —y autobiográfica— del país. Petro interpretó a los actores de 2022 a la luz de su propia experiencia en el M-19. Pero el Clan del Golfo y los frentes del ELN no quieren lo que el Estado puede ofrecer: curules, legitimidad, reformas. Quieren lo que el Estado no puede ceder sin dejar de ser Estado: la renta y el territorio.
Aquí está el cambio que el nuevo gobierno debe comprender. El conflicto de ayer disputaba el poder central. Sus corredores apuntaban a Bogotá. Las rutas de hoy apuntan hacia afuera: al Pacífico, al Catatumbo, a las fronteras por donde salen la coca y el oro, y entran las armas y el dinero. La geografía de la violencia ya no es la de la insurgencia, sino la de las rentas ilegales. Colombia no enfrenta un conflicto armado, sino empresas de la violencia que compiten por los mercados. Pero cuidado con la conclusión fácil. Estos grupos no son solo criminales sino que ejercen gobernanza. Cobran impuestos, resuelven disputas, imponen orden, administran justicia en los márgenes donde el Estado es apenas un rumor. Capturar a sus jefes sin sustituir esa función deja un vacío que otro grupo llena en cuestión de semanas. Lo demostró El Salvador con su tregua fallida; lo confirmó México con veinte años de descabezamientos que solo multiplicaron los cárteles. La misma experiencia colombiana, con cuatro décadas de procesos de paz, lo demuestra.
De ahí el principio que debería orientar la nueva política: el Estado no tiene que ganar una guerra, sino una competencia por la gobernanza. Eso fue lo que hicimos con éxito en Palermo en la lucha contra la mafia. Eso implica tres prioridades. Primero, cambiar la unidad de análisis: perseguir mercados y territorios, no solo estructuras; colapsar la rentabilidad del oro ilegal importa más que la foto del capo capturado. Segundo, construir un sometimiento judicial creíble, con lecciones del modelo italiano: beneficios reales a cambio de la verdad, bienes y desmonte verificables, con fiscalías blindadas. Tercero, medir lo que importa: no la tasa de homicidios, que puede bajar precisamente cuando el control criminal se consolida, sino la extorsión, el reclutamiento de menores y, como pregunta de campo, ¿a quién acude la gente cuando tiene un problema? El día en que la respuesta deje de ser “al comandante”, Colombia habrá empezado a ganar. Ese es el milagro que hay que cumplir. Pero exige, primero, el coraje de leer el país tal como es: no como fue, ni como quisiéramos que fuera.
