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Aprovecha la guerrilla la existencia de un Estado frágil, de un Ejecutivo pusilánime, cuando no contemporizador, para hacer diabluras. 20.000 desplazados y 90 muertos era el saldo hasta el pasado lunes.
Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co
La “paz total” petrista se va convirtiendo en un imposible. Y la violencia, el nunca acabar. Human Rights Watch (HRW) y unidades de inteligencia del Estado coinciden en denunciar que durante el actual gobierno los grupos armados se han fortalecido y proyectan una ola de violencia para el 2025. Todos han aumentado su pie de fuerza para hacer presencia en la mayoría de los departamentos del país. El solo clan del Golfo pasó de tener 4.000 combatientes a 9.000. El ELN de 3.000 integrantes en 2019 llegó a 4.500 en 2024. Lo mismo han crecido todas las disidencias de las Farc. Los ceses de hostilidades ofrecidos por el gobierno han facilitado esos crecimientos. HRW revela que en Colombia “solo el 16% de los 9.6 millones de víctimas del conflicto armado ha sido reparado, y hoy es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.
Arden el Guaviare y el Cauca. En el Catatumbo reventó la guerra. Tarde, Petro descubrió que lo cometido por el ELN contra la población civil y los militares “son crímenes de guerra” y que ese grupo subversivo “carece de voluntad de paz”. Estos respondieron que “seguirá corriendo sangre”. Aprovecha la guerrilla la existencia de un Estado frágil, de un Ejecutivo pusilánime, cuando no contemporizador, para hacer diabluras. 20.000 desplazados y 90 muertos era el saldo hasta el pasado lunes.
A ese conflicto en el Catatumbo se le suma el dramático informe que a finales del año pasado reveló la JEP sobre los procedimientos que, entre 1971 y 2016, utilizaron las Farc contra 19 mil menores de edad, 90% de ellas mujeres víctimas que soportaron sistemáticas violaciones, esclavitud sexual, humillaciones de desnudez. Niñas que sufrieron vejámenes a través de abortos a la fuerza, asesinatos y desaparición de sus hijos recién nacidos en medio de la manigua.
El 30% de las víctimas fueron reclutados cuando tenían 14 o menos años de vida. Fue “un reclutamiento sistemático, a la fuerza, no aislado ni esporádico”. Todo organizado “por el secretariado de esa guerrilla, con resultados que terminaron en suicidios y homicidios”. Utilizaron, en la perversidad del conflicto armado, métodos similares a los de los nazis en los campos de concentración.
Los testimonios de los niños atormentados por esa violencia son estremecedores. Las 1.000 declaraciones en las cuales se basó la JEP para llegar a conclusiones dolorosas, nos exhibe ante el mundo civilizado como país de cafres, como calificaba el maestro Darío Echandía la Colombia pugnaz de los años 40 y 50 del siglo XX.
Estos hechos en el Catatumbo y los documentos revelados por la JEP demuestran lo larga y alienante que ha sido la guerra en Colombia. Aceitados los fusiles por el tráfico de drogas, la explotación de la minería ilegal, y estimulados para rearmarse por los ceses al fuego en medio de la retórica y sin metodología alguna, la nación sigue sumergida en un conflicto inhumano que parece interminable.
Ante tantos hechos de horror, el país sigue anestesiado, andando como el sonámbulo, sin rumbo y sin dirección.