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Colombia ha aprendido a vivir entre mentiras que prometen refundación. La paz definitiva, la lucha contra la corrupción y el cambio de gobierno se presentan como hitos transformadores, pero terminan siendo engaños que sostienen al sistema político más que alterarlo. No son errores accidentales ni excesos coyunturales: son mecanismos recurrentes que atraviesan gobiernos y épocas, porque la mentira resulta más rentable que la verdad.
La mentira de la paz: Desde los diálogos con las FARC hasta la llamada “Paz Total”, cada administración ha anunciado el fin del conflicto como punto de no retorno. Los datos de 2025 muestran otra realidad. Según Human Rights Watch y ACLED, el Clan del Golfo mantiene presencia en 392 municipios, el ELN en 232 y disidencias de FARC en 299. La Defensoría del Pueblo documenta desplazamientos masivos, como los del Catatumbo en 2025. La paradoja es clara: menos enfrentamientos con la Fuerza Pública, pero mayor control territorial y consolidación de economías ilícitas. La mentira no está en dialogar, sino en creer que la firma de un acuerdo basta para desmontar fusiles y rentas ilegales. En Colombia la paz se anuncia como conquista definitiva, pero se administra como tregua parcial. La causa de fondo es un Estado que nunca logró presencia equitativa en el territorio: allí donde no llega justicia, llegan reglas privadas impuestas por la violencia.
La mentira de la corrupción: Cada gobierno define la corrupción como enemigo a derrotar, pero su persistencia revela que no es un obstáculo externo, sino el lubricante de la maquinaria política. El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional ubica a Colombia en el puesto 87 de 180 países, con apenas 40 puntos sobre 100. Solo 6% de casos denunciados termina en condena.
La impunidad convierte a la corrupción en una práctica funcional. No se trata de manzanas podridas, sino de un ecosistema de incentivos: campañas electorales costosas financiadas con dinero ilícito, burocracias atadas a favores y ciudadanos que, en muchas regiones, negocian con políticos clientelistas como si fueran proveedores inevitables de servicios. La mentira se perpetúa porque todos —desde élites hasta votantes— obtienen beneficios parciales de su existencia.
La mentira del gobierno: En los últimos quince años, cada presidente se ha presentado como ruptura con el pasado, pero todos repiten fórmulas de poder. Juan M. Santos anunció que la paz transformaría las instituciones, pero aseguró mayorías con billones en “mermelada”. Iván Duque llegó con la bandera de la legalidad, pero gobernó con el clientelismo regional que criticaba. Gustavo Petro, autodenominado presidente del cambio, depende hoy de alianzas con partidos tradicionales y enfrenta escándalos en su círculo más cercano.
El problema no es un nombre propio, sino una lógica institucional: el gobierno opera como administrador interino de un sistema que se recicla. La mentira del cambio persiste porque resulta más rentable anunciar rupturas que ejercerlas.
Un espejo incómodo: Otros países muestran que no hay fatalismos. Uruguay redujo la violencia fortaleciendo su justicia y policía, no con acuerdos interminables. Chile, pese a polarización, mantiene instituciones que conservan la confianza ciudadana. Costa Rica, con menos recursos que Colombia, consolidó un sistema político donde la corrupción no es tolerada. Ninguno de estos avances fue producto de un milagro, sino de decisiones institucionales sostenidas durante décadas.
La verdad pendiente: Estas tres mentiras —la paz, la corrupción y el gobierno— resumen los mecanismos que estabilizan al país sin transformarlo. Funcionan porque reducen tensiones, administran expectativas y evitan rupturas. Pero también porque una ciudadanía resignada las consume como parte inevitable de la vida pública. Colombia no fracasa porque sus gobiernos mientan, sino porque hemos sobrevivido con esas mentiras. Hasta que decida que la verdad puede ser un proyecto político, seguiremos administrando promesas.
