Por violar la libre competencia económica en procesos de contratación pública, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó, con multas superiores a los 26 mil millones de pesos, a siete empresas prestadoras de servicios de seguridad y vigilancia privada y a 17 altos directivos vinculados a ellas.
La práctica ilegal fue que las empresas compitieron como independientes en licitaciones públicas, por un valor superior a los 70 mil millones de pesos entre 2009 y 2012, “cuando en realidad actuaban de forma coordinada y concertada”, explicó ayer José Luis Londoño Fernández, superintendente de Industria y Comercio ad hoc (que conoce y decide sobre ciertos asuntos), durante la imposición de las sanciones.
La SIC encontró que las compañías conformaron “de facto” (de hecho) el grupo empresarial “Grupo SMG”, bajo la dirección de su controlante “oculto” Jorge Arturo Moreno Ojeda.
Las compañías son: Guardianes (8.594 millones de pesos); Starcoop (7.026 millones de pesos); Cobasec (4.651 millones de pesos); Expertos (3.850 millones de pesos); Centinel (313 millones de pesos); Invesig Ltda. (157 millones de pesos); y SMGP S.A. (22 millones de pesos).
“Esta decisión hace parte de la lucha frontal del Gobierno contra la corrupción, en este caso del sector privado, pues las conductas investigadas no involucran el comportamiento de funcionarios públicos. Aquí la víctima es el Estado”, agregó el funcionario.
Entre las entidades públicas afectadas por las prácticas anticompetitivas se encuentran: la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Coldeportes, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), así como el Distrito de Bogotá y otros municipios del país.
