La depuración que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) adelanta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) tiene en la mira a 11.337 antioqueños, cuya información está siendo verificada (ver gráfico).
La tarea, según Luis Fernando Mejía, director del DNP, es la continuación de la mejora en la calidad del gasto público que arrancó en septiembre de 2015 cuando se hizo el cruce de información del Sisbén y el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), lo que permitió detectar a 457 mil fallecidos que figuraban entonces como elegibles para los subsidios sociales.
El funcionario aseguró que desde mayo de este año ya no aparecen difuntos en las listas del Sisbén, aunque falta depurar la información aportada por 116.798 ciudadanos en todo el país , de los cuales el 9,7 %, o sea 11.337 están ubicados en este departamento.
Mejía precisó que el cruce de los datos del Sisbén y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) también detectó a julio de este año a 55.135 personas que ganan más de 3,8 millones de pesos al mes, como elegibles a los beneficios del Sisbén (8.636 en Antioquia).
Para lograr plena transparencia en los listados del Sisbén, el director del DNP señaló que se necesita la participación de los entes territoriales que poseen las información que hace falta para lograr una depuración total, por lo que les pidió su colaboración.
Además, destacó que la socialización de esta labor ha permitido recibir denuncias. “Eso ha sido fundamental y ya trasladamos muchos casos a la Fiscalía para que los responsables de las posibles irregularidades sean judicializados”, declaró el funcionario en diálogo con EL COLOMBIANO.
De otro lado, el DNP adelanta la implementación de una nueva metodología del Sisbén, para que el modelo sea más justo. Entre las innovaciones se intenta una medición estándar de vida y los ingresos de los hogares (ver ¿Qué sigue?).
El ajuste acoge la nueva normativa que propende por una mejora en la operación del Sisbén, le otorga nuevas facultades al DNP y delega varias competencias a otras instancias gubernamentales.
La apuesta es que haya una mejor calidad de la información entregada por los ciudadanos, así como una reducción en los tiempos de los trámites y que existan más fuentes para contrastar los datos que se suministran.
Al cierre de este año se espera llegar a 232 municipios de once departamentos y practicar 2,5 millones de encuestas.
