En un discurso que exaltó el aporte del sector a la economía nacional, así como la fuerte preocupación que causa la reforma tributaria, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, marcó el punto de partida de las relaciones con el nuevo Gobierno.
El ejecutivo manifestó que hay gran incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos vigentes y de las nuevas inversiones en el sector porque la reforma haría que la tributación promedio para la actividad minera pase del 68% al 90%.
Inclusive, Nariño desglosó las cifras por actividad. En el negocio de carbón térmico la carga saltaría de 73% a 90%, y en el de oro, de 64% a 92% (ver Gráfico). Así, agregó, la industria minera quedaría en aprietos pese a que tiene un aporte en impuestos y regalías cercano a los $14,7 billones anuales y genera 350.000 empleos.
¿Qué es lo que preocupa? Aparte de los cambios en dividendos hay otras propuestas de la reforma –tal cual está hoy– que tienen pensativo al gremio, como que las regalías ya no sean deducibles del impuesto de renta; la inclusión de la industria carbonífera en el impuesto al carbono; y gravar las exportaciones con precios extraordinarios de oro y carbón.
Entre tanto, sobre el anhelo del Gobierno de acelerar la transición energética, el presidente de la ACM dijo que “los tiempos en la minería no son lineales” y añadió que es necesario el conocimiento geológico del país, por lo que sugirió empezar una misión en ese sentido.
Gobierno responde
El asunto fue de parte y parte. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez –a quien el sector pidió transmitir las inquietudes mencionadas al Gobierno–, expuso que hay apertura al diálogo y que se respetarán los compromisos adquiridos, pero eso sí, habrá mayor protagonismo para pequeños y medianos mineros, que representan alrededor del 97,5%.
Vélez habló de un nuevo modelo de asociatividad público-privado-popular y dejó entrever que la idea sería que las comunidades tengan una participación directa en los títulos mineros, más allá de la figura tradicional en la que una multinacional entra y la forma en la que involucra a los habitantes es con empleo.
“Invitamos a que colectivamente pensemos modelos asociativos en donde las propias comunidades participen a través de acciones y decisiones. Es un modelo que tiene que convivir con los existentes, no será un giro de 180 grados”, complementó.
La comitiva del Gobierno también dejó mensajes claves como que en los lugares con gran riqueza hídrica se priorizará el agua sobre la minería; se exigiría una licencia ambiental para la fase de exploración minera; se tratarán de anteponer los minerales extraídos para una “industrialización” nacional antes que para exportarlos; y se evaluará si seguir o no con la metodología de las rondas mineras.
Al final, para varios empresarios asistentes, la estrategia del Gobierno de cara al futuro del sector sigue sin estar del todo clara y aún hace falta un “mensaje contundente” contra la minería ilegal
*Por invitación de la ACM.
