El presidente Juan Manuel Santos arriba hoy a París (Francia) para formalizar el ingreso del país en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). “Esto es importantísimo para colocar a Colombia en las grandes ligas”, dijo el primer mandatario el lunes en una rueda de prensa resañada por EFE.
El pasado 25 de mayo los países de la Ocde aprobaron la entrada de Colombia, que se convertirá en el miembro número 37, al término de un proceso de adhesión que comenzó hace cinco años, específicamente, desde el 30 de mayo de 2013.
El país tuvo que pasar diversas pruebas de “buenas prácticas” de la organización, para obtener la aprobación de los 23 comités que la integran en materia laboral, judicial, gobernanza corporativa de las empresas públicas, lucha contra el cohecho y la corrupción, entre otros.
Así las cosas, ante el ingreso del país a la Ocde la Superintendencia de Sociedades puso en marcha una nueva estrategia de lucha contra la corrupción y el delito de soborno internacional y se la presentó a delegados de ese organismo.
“En múltiples sesiones del grupo de trabajo sobre soborno transnacional, llevadas a cabo en la Ocde, la Superintendencia atendió las inquietudes de ese organismo, en torno los instrumentos con que cuenta para identificar, perseguir y sancionar conductas ilícitas relacionadas con la corrupción empresarial, de modo que el País se sintonizó con los estándares impuestos por ese organismo”, explicó el Superintendente Francisco Reyes Villamizar.
La Superintendencia cuenta con la facultad de aplicar sanciones a “cualquier persona jurídica, que por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados, dé, ofrezca, o prometa, a un servidor público extranjero, sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que este realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones”, precisó el superintendente. Según un boletín de prensa, las sanciones por estas conductas, fueron establecidas en multas que pueden superar los 50 millones de dólares.
Así las cosas, la entidad les ha exigido a más de 500 compañías que supervisa, la adopción de programas de ética empresarial para crear conciencia acerca de la gravedad de estas conductas y para facilitar la detección temprana de prácticas que, además de atentar contra el orden público, pueden destruir la reputación de las compañías .
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