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No cayó bien entre la comunidad de expertos en hacienda pública que el Gobierno haya mencionado la posibilidad de “flexibilizar” la regla fiscal. Y el consenso apunta a que esto afectaría la credibilidad del país, encarecería el crédito soberano y presionaría el valor del dólar.
Fue el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, quien habló del asunto y dijo que “la regla fiscal ha sido muy inflexible. Entonces estamos discutiendo con colegas del Ministerio de Hacienda cómo se puede ir disminuyendo esa presión tan fuerte”.
“Pensando, por ejemplo, en que los recursos que se destinen al salvamento de activos ambientales (...) no se introduzcan como parte de una inversión del gasto corriente, sino que se excluyan y eso genera un margen fiscal un poquito más amplio”, agregó.
Lo que hay de por medio en esta discusión es la estabilidad financiera del país, toda vez que la regla fiscal se sustenta en la Ley 1473 de 2011, en donde se menciona que no se superará cierto límite de endeudamiento para financiar el gasto del Gobierno.
Esa ley señala entonces que el ancla de la deuda (nivel prudencial) será de 55% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), que es el indicador utilizado para medir la riqueza generada en el país; y en 2022 marcó los $1.462 billones.
Con corte al primer trimestre de este año, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) se ubicaba en 56,1% del PIB, o sea, no está un punto deseable, aunque se ha venido ajustando desde 2020, cuando llegó a un pico de 65%, debido a que la atención de la pandemia exigió un despliegue de recursos vigoroso.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, cuestionó la idea de ampliar el rango de la regla y señaló varios choques que se presentarían si se llegara a modificar ese tope.
“Relajar la regla fiscal, aún con el loable color verde y sostenible, exacerba riesgos de aumento de costos de financiamiento, de tasa de cambio y representa un muy mal mensaje a inversionistas y calificadoras de riesgo”.
Hay que recordar que los ingresos corrientes del Estado, que básicamente vienen del cobro de impuestos, no alcanza para cubrir todas las necesidades de gasto en inversión social y por ello el Gobierno sale a buscar créditos.
Pero para que los préstamos tengan una tasa de interés favorable, hace falta tener una buena nota crediticia y esa valoración la otorgan las calificadoras de riesgo, que no verían con buenos ojos una movida como esta.
Actualmente, Colombia tiene un score de BB+ (grado de no inversión) y, de deteruorarse más, ese mayor pago de interés por ser un deudor riesgoso se traslada a los contribuyentes.
De otro lado, Andrés Pardo, estratega jefe para Latinoamérica de XP Investement, señaló que esa movida estimularía un aumento en la llamada prima de riesgo y, en ocasiones anteriores, los especialistas en mercados financieros han explicado que una prima de riesgo elevada atrae a inversores que hacen operaciones de corto plazo para tener ganancias rápidas; esa entrada salida d dólares presiona el precio de la divisa en el país y, nuevamente, subiría la inflación por cuenta de las materias importadas.
Minhacienda salió a apagar el incendio
Ante la polémica que han causado las recientes declaraciones de Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, aseguró que “el Gobierno se ha comprometido a respetar la regla fiscal, así lo ha hecho y los seguirá haciendo”. De esa manera trató de disipar las dudas en torno a la disciplina con el gasto.
Y apuntó que “cualquier modificación a la Regla Fiscal es un proyecto de ley que tiene que discutir y aprobar el Congreso de la República. Por lo tanto, no hemos ni pensado ni construido ni diseñado un proyecto de ley para presentar en el Congreso”.
Luego de ese preámbulo, aseguró que “lo que hay es una discusión filosófica de, si los contenidos actuales de la regla fiscal, son o no son (pertinentes) y cuáles son las expectativas a largo plazo de qué es lo que hay que hacer allí, pero no hay ningún proyecto en curso”. Cabe recordar que el Gobierno le está pidiendo al Congreso $502,6 billones para ejecutar en 2024 y ese sería el presupuesto más alto de la historia.
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