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Mientras a esta hora se empieza a debatir la reforma laboral en el Congreso, la Mesa de la Productividad y el Empleo, que se compone de más de 20 agremiaciones, hizo un fuerte pronunciamiento.
Luego de reunirse con la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, y otro grupo de congresistas, manifestó su desacuerdo con el texto presentado por el Gobierno al considerar que no es incluyente y no atiende las necesidades de formalización.
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Para la Mesa de Productividad, que representa a 35.000 empresas generadoras de 650.000 empleos, las compañías “deben poder aumentar o reducir la nómina de empleados de acuerdo con la necesidad del negocio, asumiendo indemnizaciones razonables”.
En su opinión, el proyecto aumentará los costos para las firmas más pequeñas y también elevará el precio de los productos y servicios al consumidor final.
También cree que como está redactado, “el despido arbitrario podría interpretarse como cualquier despido sin justa causa lo que terminaría con la capacidad del empresario de decidir con quien trabaja, es decir que cercena la capacidad empresarial”.
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También aclara que aunque respeta a los sindicatos, la reforma “pone en desventaja al empresario y privilegia esta relación por encima de cualquier otra forma de relación entre empleador y trabajador”.
Por eso le pidió al Gobierno y al Congreso que se acojan las ponencias alternativas de los congresistas Carlos Ardila y Víctor Manuel Salcedo, que a su modo de ver van más alineadas a combatir la informalidad.
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