Si usted va a la carnicería del barrio puede encontrar que un kilo de carne de res para freír está entre los 26.000 y 30.000 pesos. El presidente Gustavo Petro consideró que para bajar el precio de este alimento una de las opciones es reabrir los mataderos municipales y desde el gremio de los frigoríficos advirtieron que la idea podría terminar en un sacrificio innecesario de recursos públicos.
“Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne res, se ha llegado a ese punto por que el Invima acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás”, propuso el presidente Petro durante el informe de gestión de sus primeros 100 días de gobierno.
Lea más: Petro propone revivir los mataderos municipales para bajar los precios de la carne
De acuerdo con el jefe de Estado, el regreso de los mataderos municipales permitiría que los ganaderos pequeños oferten sus productos de manera más ágil, ahorrándose, por ejemplo, los costos del transporte de animal vivo hasta el lugar del matadero.
Los colombianos consumen 3,2 millones de reses al año y para garantizar que sus sacrificios cumplan con los estándares de salubridad y de protección de cadena de frío existen alrededor de 270 puntos de sacrificio en el país. El presidente asegura que se requieren más.
“La apertura de nuevos mataderos públicos no tiene nada que ver con que suba o baje el precio de la carne. Hace 15 años, por un plan de racionalización del mismo gobierno, pidió disminuir el número de plantas para cuidar los recursos del Estado, porque se ponía en riesgo el tema de salud pública y el medio ambiente”, le explicó a EL COLOMBIANO Álvaro Urrea Ruiz, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia.
Entérese: Colombia lidera el listado de los países que más crecieron en el tercer trimestre
En efecto, el 4 de mayo de 2007 el gobierno –a través del entonces ministerio de Protección Social– expidió el decreto 1500, en él quedó reglamentada la vigilancia que se le haría a los productos cárnicos en Colombia. Entre las disposiciones se estableció que todos los mataderos debían garantizar la cadena de frío y que los establecimientos que no se acogieran a las exigencias serían cerrados.
Entonces, cada departamento tuvo que hacer inspecciones técnicas en los mataderos públicos que estaban bajo su jurisdicción y determinar cuáles –de acuerdo con el decreto– debían cerrar y que otros podrían continuar bajo algunos ajustes.
“Después de quince años la industria de los frigoríficos ha hecho inversiones millonarias encaminadas a garantizar condiciones sanitarias, de inocuidad y de medio ambiente. A hoy tenemos abiertos 18 mercados. No entendemos la propuesta del presidente Petro de reabrir los mataderos públicos, establecimientos que se había determinado que no son realmente rentables. El Estado no está para administrar mataderos”, expresó Urrea.
Para saber más: ¿Empezó la desaceleración económica? El PIB de Colombia creció 7% en el tercer trimestre
El Invima ha cerrado 359 mataderos en el país –entre 2016 y junio de 2022– por su incumplimiento de las disposiciones técnicas y de salubridad de acuerdo con el decreto mencionado. Reabrir estos centros de sacrificio bovino es un gasto y un riesgo que el gobierno tiene que estar dispuesto a correr.
“Una planta nacional, una que tiene permiso de exportación y una de autoconsumo del pueblo más lejano de nuestro país debe tener las mismas condiciones y garantizar el protocolo sanitario sin ninguna diferencia”, argumenta Urrea y asegura que reabrir cada matadero municipal de autoconsumo podría costarle al estado entre 4.000 y 5.000 millones de pesos.
Si la pretensión del gobierno es abrir plantas más grandes, afirmó el empresario consultado, tendría que desembolsar 50.000 millones para mataderos nacionales y 100.000 para mataderos con calidad de exportación.
“Un matadero que abran y que sacrifique 5 o 10 reses a la semana, con todo respeto, no le va a quitar trabajo a nuestras plantas. Por el contrario, van a hacer una inversión grande y se van a dar cuenta que no es funcional y eficiente, les va a tocar cerrarlo y tendríamos un detrimento patrimonial multimillonario”, puntualizó el experto Urrea y convocó al presidente Petro a una reunión para explicarle las razones técnicas.
