Una nueva propuesta entorno a las pensiones de los colombianos está generando posiciones encontradas entre unos y otros sectores en el país.
La conversación ahora versa sobre el proyecto de ley 111 de 2021, cuyo trámite apenas comenzará en el Congreso a pesar de que fue radicado en julio por los representantes a la Cámara Henry Correal y Carlos Eduardo Acosta.
La iniciativa, denominada “Programa Retiro Parcial de Pensiones del Rais covid-19”, contempla, por una única vez, el 10% sobre el total de las Cuentas de Ahorro Individual (CAI) pertenecientes a los afiliados.
¿Cómo funciona?
Según la idea de los ponentes, las personas que no cotizaron entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, es decir, que no hicieron aportes monetarios a sus respectivas cuentas, pueden solicitar ese retiro parcial del 10%, a no ser que estén recibiendo alguno de los subsidios estatales vigentes.
Así mismo, la iniciativa propone que el valor sustraído sea reintegrado totalmente en un lapso de dos años, sin afectar las semanas cotizadas.
Los autores del proyecto defendieron que la extracción temporal de esos recursos puede ayudarles a las personas a sortear las dificultades causadas por la pandemia de la covid-19.
“Se esperaría que esta medida tenga varios efectos macroeconómicos. Uno de ellos es el aumento del consumo por parte de los hogares que sean beneficiarios. Esta inyección de liquidez reactivaría en buena medida la economía (...)”, se lee en la exposición de motivos contenida en el proyecto.
Otras perspectivas
Pero una opinión contraria tienen desde la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), desde donde afirman que el proyecto puede generar efectos adversos.
Clara Elena Reales, vicepresidenta Jurídica de la entidad gremial, comenzó por explicar que, entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021, la inestabilidad laboral fue mayor frente a una época de relativa normalidad. Por ende los afiliados que continuaron cotizando a sus cuentas de ahorro deberían considerarse como la excepción.
Así las cosas, “podría suponerse que el proyecto cobijaría a casi la totalidad de la población afiliada al Rais, casi 17 millones de colombianos (ver Para saber más)”.
Además, según estimó, los jóvenes podrían verse más afectados en caso de realizar un retiro parcial, toda vez que “no sólo tienen dificultad para entrar al mercado laboral, sino que pierden sus trabajos con mayor frecuencia”, lo que permite inferir que el reintegro de la sustracción tomaría más tiempo para ellos.
“Supongamos que ahora alguien cuya edad esté entre 25 y 30 años, retire $1 millón de su fondo de pensión; dado que su horizonte de ahorro es de largo plazo, en el futuro podría implicar un menor valor de rendimientos, estimado en al menos $5 millones. Es decir, ese millón de pesos dejaría de ganar intereses que resultan de las inversiones que hacen las AFP”, complementó Reales.
Igualmente, tal como lo señaló, es “imposible” que el citado retiro no afecte las semanas cotizadas porque, según lo establecido en el Artículo 48 de la Constitución, la acreditación del requisito de semanas depende de los aportes realizados, de tal manera que la equivalencia de ahorro y semanas no es escindible dada la exigencia constitucional.
¿Beneficiarios incorrectos?
Para Jorge Restrepo, economista y profesor de la Universidad Javeriana, uno de los mayores inconvenientes de la iniciativa es que permite cambiar ahorro en manos de profesionales —que saben invertirlo y generar ganancias al afiliado— por un “gasto de corto plazo”.
“Así mismo, quienes pueden retirar esos recursos son personas que están en la media de ingresos altos en Colombia, son personas que probablemente no necesitan esos ahorros para cubrir necesidades básicas sino para la adquisición de otro tipo de bienes de consumo”, agregó.
De acuerdo con su análisis, es probable que se replique el escenario de Chile, en donde se han aprobado tres retiros parciales de los fondos (también del 10%) y, según datos reportados por esos mismos gestores, superan la entrega de US$50.000 millones, dejando como resultado unas cinco millones de cuentas que ya agotaron su saldos.
Testimonio de lo vivido
Laura García, colombiana residente en Chile, apuntó que la base de la economía en ese país está cimentada en los recursos gestionados por los fondos de pensiones, correspondientes a US$213.764 millones; suma equivalente al 75% de la riqueza total generada allí, según datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap).
“La medida buscaba darles un alivio a los hogares más pobres. Pero el efecto real estuvo en el consumo de bienes de lujo y remodelaciones”, relató García.
Lo anterior, según lo han reseñado los medios nacionales, ha derivado en un incremento del costo de vida para los chilenos, pues circula más cantidad de dinero y eso causa una mayor inflación. Aún así, se discute un eventual cuarto retiro, mientras que en Colombia apenas se alista el debate.
$94,2
billones fue el rendimiento del ahorro gestionado por las AFP en agosto.
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