Los análisis preliminares del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) muestran que el recaudo tributario del Gobierno se vería afectado este y el próximo año, lo que dificultaría el cumplimiento de las metas de deuda en 2024.
El Comité, que es equipo técnico e independiente encargado de hacerle seguimiento a las finanzas del Estado, alertó que la disminución del recaudo esperado sumado a las menores perspectivas de algunos supuestos macroeconómico harían necesario aplicar un ajuste del gasto de entre $23 billones y $24 billones.
El Carf explicó en su más reciente pronunciamiento que el recaudo tributario se vería afectado por la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, dada la decisión anunciada por la Corte Constitucional.
Esa determinación implicaría que en 2024 el Gobierno deje de recaudar $2,9 billones. “Aunque la sentencia de la Corte no ha sido publicada, el Carf supone que los contribuyentes de estos sectores (petróleo y minería) tendrían saldos a favor por cerca de $3,8 billones recaudados en 2023, vía autorretenciones del impuesto de renta”, se lee en el texto.
De acuerdo con el documento la eliminación de dicho artículo afectaría los ingresos tributarios netos del Gobierno con una reducción de aproximadamente $6,8 billones, que corresponde a la suma de lo que dejará de percibir y lo que tendrá que devolver.
El mes pasado, tras conocerse el anuncio de la Corte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que habría una desfinanciación del presupuesto de 2024, de unos $3 billones, lo que derivaría en un recorte en diferentes áreas. Pero, según el Comité, el hueco sería de más del doble.
Más advertencias
En materia de gasto, el Carf calcula que el déficit causado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) este año estará entre $20 y $21 billones.
“Para 2024, el Comité reitera sus preocupaciones sobre el cumplimiento de la meta de transición de la regla fiscal. Al respecto, el recaudo de arbitramento de litigios sigue siendo el rubro sobre el cual se mantiene incertidumbre frente a su potencial de recaudo y frente a su naturaleza no estructural”, se anotó en otro de las observaciones.
Según se explicó, el Gobierno tiene una programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por $15 billones, bajo el rubro de arbitramento de litigios, pero el Comité insiste en que estos recursos se contabilizarían una sola vez, por lo que no mejorarían, esctructuralmente, la situación fiscal del país (ver ¿Qué sigue?).
Indicadores por cumplir
El Carf planteó que otras desviaciones en materia macroeconómica estarían por el lado de un menor crecimiento real de la economía y la caída más pronunciada de las importaciones, lo que desencadenaría en un impacto fiscal negativo.
Estos cambios implicarían una reducción de los ingresos del Gobierno e, igualmente, se prevé un menor recaudo neto del sector petrolero, por menor recaudo bruto observado durante este año.
El escenario también supone que el aumento previsto en el dividendo de Ecopetrol para 2023 no se realizaría dado que depende de una asamblea extraordinaria que no ha sido convocada. Las transferencias de la empresa a la Nación serían los $24,3 billones aprobados en la asamblea de accionistas del primer semestre del año (ver gráfico).
“Con estos cambios, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (GNC) para 2023 se reducirían en $6 billones, frente a lo esperado en el escenario del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)”, agregó el Comité.
Ante estos riesgos, el Comité le pidió al Gobierno Nacional considerar las implicaciones sobre la regla fiscal y abordar la posibilidad de estos escenarios en la revisión del Plan Financiero 2024, que se espera se divulgue al cierre de este 2023 o a inicios del año que viene.
Hay un proyecto en el Congreso
El 22 de noviembre el Gobierno radicó un proyecto de ley para adelantar la estrategia normativa que indicó se requiere para recaudar el rubro proyectado de arbitramento de litigios. En la exposición de motivos se mencionó que el Gobierno se encuentra realizando la revisión y depuración de los casos que pueden ser sujetos de aplicar el arbitraje en lugar del proceso litigioso, como alternativa para agilizar el recaudo.
La iniciativa llevada al Congreso también propone un esquema de priorización de los procesos a llevar a cabo por arbitraje, que estaría a cargo de la Dian.
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