El Congreso de la República estudia dos proyectos de ley que buscan prohibir el desarrollo del fracking en el país. A la iniciativa presentada el pasado 25 de julio por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, se suma en las últimas horas el que radicaron un grupo de congresistas del Pacto Histórico, encabezados por la senadora María José Pizarro.
Así, por sexta ocasión el Legislativo estudia un articulado que busca vetar la práctica de la llamada tecnología del fracturamiento hidráulico para extraer crudo y gas de yacimientos no convencionales. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores, el Congreso de la República que estudiará estas dos iniciativas es de tendencia de centro izquierda.
El proyecto que fue radicado en las últimas horas, y que contó con el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, no solo prohibe la práctica del fracking, sino que además veta el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de Platero y Kalé, incluso busca congelar la licencia ambiental de este último aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Cabe recordar que la propuesta en el articulado que presentó el representante Losada busca condenar con penas de 8 a 15 años y multas de hasta $50 millones a las empresas petroleras que hagan fracking en el país, y cuya técnica es señalada por el parlamentario de acabar con los ecosistemas.
Semanas atrás, un fallo del Consejo de Estado revivió las normas y contratos para desarrollar el fracking, pero esta decisión podría traerle más de un dolor de cabeza al país. La razón: si el Congreso de la República prohibe su práctica, Colombia quedaría expuesta a grandes demandas económicas ante los tribunales internacionales.
Y es que son cuatro multinacionales petroleras las que firmaron contratos con la Nación para el desarrollo comercial y experimental de crudo y gas en yacimientos no convencionales con esta técnica, y que interpondrían querellas por incumplimiento de los convenios.
En la lista no solamente la petrolera ExxonMobil con quien Ecopetrol realizará los proyectos piloto, sino también Drummond Energy (con cuatro contratos), ConocoPhillips (con dos contratos) y Parex Resources (con un contrato) alistarían su artillería jurídica, ante el hecho que el Gobierno y Legislativo definitivamente prohiba el desarrollo del fracking.
