Sin arrepentimientos de integrar el consorcio CCC Ituango, en el que participa con el 10%, el presidente de Coninsa Ramón H., Juan Felipe Hoyos, sostiene que hay una serie de afirmaciones en diversas instancias que no entiende, pero se declara dispuesto a defender en todos los escenarios el papel que han cumplido los empleados de estas obras antes de la contingencia, en la atención de la misma y los avances que han tenido en la recuperación.
Además de este contrato que le genera ingresos inferiores al 5% del total (menos de $7.573 millones en 2020), la constructora hace presencia en Medellín, Barranquilla, Bogotá y Santa Marta, donde actualmente maneja 35 proyectos inmobiliarios de vivienda y otros usos, también administra 5.200 viviendas en el negocio de arrendamientos, tiene 8 contratos de construcción para terceros, y se encarga del diseño de unos 30 proyectos arquitectónicos.
En la primera quincena de octubre la compañía acogió el trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (Near), previsto en el Decreto Ley 560 de 2020, siguiendo los pasos de su otro socio en el consorcio (Conconcreto). En diálogo con EL COLOMBIANO, Hoyos explicó los alcances de esa decisión, los avances de la misma y las acciones emprendidas para garantizar la permanencia de la firma en el mercado y preservar los 7.000 puestos de trabajo que genera directa e indirectamente.
En octubre se inició el trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización (Near), previsto en el Decreto Ley 560 de 2020, ¿por qué?
“Las razones son muy sencillas. En esa decisión, en la que fuimos asesorados por nuestros equipos técnico y jurídico, se consideró que ante todas las investigaciones que se están dando por parte de la Contraloría, más los efectos que se tienen en el entorno político y de la pandemia era conveniente acogernos al Decreto 560, y de esa manera tener mayor tranquilidad ante nuestros grupos de interés, clientes, proveedores y entidades financieras. Así, si se llega a presentarse alguna situación que impida la ejecución normal de la compañía estén protegidos y se pueda mantener la generación de empleo y la sostenibilidad de la empresa”.
Además de lo actuado por la Contraloría, ¿cuántos procesos más hay en contra de Coninsa?
“Hay procesos menores de asuntos laborales y también tenemos procesos abiertos de reclamaciones por parte de algunos contratantes. De Ituango está abierta la investigación de la Contraloría y nosotros también tenemos abierto un proceso a EPM, que es el tribunal de arbitramento, para defender la actuación del consorcio en la construcción de ese proyecto”.
Luego de más de un mes de empezado en Near, ¿qué acogida ha tenido?
“Ha sido satisfactoria la respuesta que hemos tenido de todos, un apoyo y un entendimiento del por qué, responsablemente, tuvimos que tomar esa decisión. De nuestros clientes la respuesta ha sido impresionante, con las entidades financieras que para nosotros son fundamentales nos hemos reunido y nos han manifestado su respaldo, al punto de que tres de ellas nos han propuesto que les sigamos presentando proyectos. A los proveedores, que se inquietaron por la noticia, les hemos venido cancelando las obligaciones vigentes al 11 de octubre, así que estamos satisfechos. Y en octubre, coincidiendo con la aceptación del Near, se vendieron, en la participación que tenemos en proyectos, 76.000 millones de pesos y se arrendaron más de 60 inmuebles nuevos y esos son datos gratificantes”.
Cuando una empresa acoge la reorganización se piensa que está ahogada en deudas y necesita reestructurarlas, ¿es ese el caso de Coninsa?
“No. Eso es lo que normalmente ocurre, pero el Decreto 560 contiene lo que se denomina la incapacidad de pago futuro, es decir que en caso de observar un problema que pueda afectar de manera drástica el funcionamiento de la compañía, a esta se le permite acoger el mecanismo. De hecho nosotros no teníamos ninguna cuenta vencida, así que fue una medida preventiva que tomamos valientemente para proteger a las partes de interés y que la compañía pueda seguir hacia adelante con unas reglas claras frente a las obligaciones y compromisos que se tienen”.
¿Entonces, qué fue lo que vieron que podría llevarlos a una incapacidad de pago en el futuro para tener que acoger la reorganización de emergencia?
“Desde que la Contraloría anunció la investigación y profirió el fallo se encendieron las alertas y, lógicamente, las entidades financieras empiezan a preguntar qué pasa. Esas señales nos hicieron reaccionar porque ante las instancias posteriores habría consecuencias para la compañía, que buscó en esta figura una protección para seguir cumpliendo con las obligaciones y el plan de crecimiento”.
¿De los 4,3 billones de pesos que la Contraloría plantea en el fallo, qué proporción debería asumir Coninsa?
“Espero que ninguna. El fallo no es fácil de entender, pero uno diría que debe hacerse responsable por los errores que cometa, y en el consorcio constructor el soporte documental es muy robusto porque allá se debe informar día a día qué se hace y para que nos paguen las obras que se ejecutan deben estar recibidas a satisfacción. El fallo menciona una solidaridad por hechos concurrentes y concatenantes, y que en el pasado un contratista se demoró en la construcción de unos túneles por lo que nos cabe, a nosotros, una responsabilidad”.
En ese contexto, el 17 de noviembre se conoció una tutela interpuesta contra el fallo de la Contraloría, ¿qué pretenden?
“Solicitamos que se suspenda la investigación que adelanta la Contraloría, aunque esta entidad está en todo su derecho de hacerla. No obstante, esa entidad ha dicho que si las aseguradoras reconocen el daño no habría detrimento, por lo que mediante la tutela pedimos que como las compañías de seguros todavía no han terminado de reconocer el siniestro, pues suspenda la investigación para saber qué es lo que van a cancelar. Es decir, que la Contraloría espere hasta conocer qué es lo que las aseguradoras van a determinar”.
¿Qué otras acciones hay interpuestas en contra de las actuaciones de la Contraloría?
“Como compañía, fuera de Ituango tenemos otras iniciativas que son más grandes que ese proyecto energético, así que ante la Contraloría que hagan las investigaciones que les corresponda, pero nos vemos en la responsabilidad y con el derecho que nos da la ley de acudir a todas las instancias para defendernos, llámense tutelas y estamos estudiando otras, o acciones populares si caben, y sabemos que la última instancia sería una demanda ante el Contencioso Administrativo solicitando la nulidad del proceso de la Contraloría. ¿Cuánto se demoraría? Unos abogados piensan en 10 años otros hablan de 15, y paralelamente está el tribunal de arbitramento ante el que solicitamos que se diga que nosotros no tuvimos responsabilidad en la contingencia o siniestro que ocurrió”.
¿En tiempos y trámites, qué contempla esta reorganización?
“Hay unos hechos importantes que son la firma del acuerdo con los acreedores que se tenían al 11 de octubre, que no son el 100% de ellos porque con el giro normal de los negocios hay obligaciones que se han venido cumpliendo. Para el acuerdo tenemos un plazo de tres meses para presentarlo y que lo apruebe la Superintendencia de Sociedades, la meta es presentarlo en diciembre. Y de acuerdo a como se definan los plazos para esas obligaciones, en la medida en que estas se vayan cumpliendo se extingue el proceso”.
¿Quiénes están en ese paquete de acreedores?
“Se debe hacer una diferenciación entre ellos. En los acreedores reales están las obligaciones laborales que se tienen como cesantías y vacaciones que son de obligatorio cumplimiento, las tributarias y fiscales (impuestos prediales, obligaciones de retención en la fuente), las de proveedores que la ley permite ir cancelando por lo que esperamos que para la firma del acuerdo estén saldadas. Y las obligaciones financieras que van a ser las de mayor porcentaje de votación en la firma del acuerdo de reorganización. Además, en la votación del acuerdo participan los accionistas dado el patrimonio, que es de unos 230.000 millones de pesos”.
¿y Cuánto suman todas esas acreencias?
“En las acreencias que se presentan están las propias de Coninsa y se deben agregar las de los proyectos que están en los fideicomisos inmobiliarios, que son independientes, y las que están en los consorcios lo que da unos 600.000 millones de pesos. Pero, las acreencias propias con las entidades financieras son de 85.000 millones de pesos”.
El consorcio también ha iniciado procesos contra el alcalde Daniel Quintero y algunos señalamientos que ha hecho...
“Sentimos gran respeto y admiración por los empleados del consorcio que han puesto el pecho para atender la contingencia y avanzar en la recuperación, así que no puede ser que se afirmen cosas que no son correctas por lo que debemos defender nuestro buen nombre y reputación. Y por eso tuvimos que demandar”.
¿Interpuso demanda por pánico económico?
“No. Esa la interpuso Conconcreto. En nuestro caso nos llamó corruptos y que empleamos materiales que no eran correctos, entonces demandamos por falsedad en lo dicho y por afectación al buen nombre y reputación de las compañías. Aún no hay definiciones”.
¿Cuáles son los avances del tribunal de arbitramento?
“Este podría tardar entre uno y dos años para tomar decisiones. Ya están nombrados los árbitros y lo que viene es el dictamen de los peritos que representan a las partes. Están próximas las visitas de ellos y sus informes los conoceríamos en 2022”.
La actuación de la Contraloría y lo que defina el tribunal de arbitramento son procesos independientes...
“La determinación del tribunal sería una señal adicional que podría escuchar la Contraloría, pero esta es autónoma e independiente para emitir su fallos”.
¿Con un proceso que podría agotar su última instancia en un horizonte de 10 o 15 años, qué debe pasar en ese tiempo?
“Que se termine Ituango, que Coninsa estará orgulloso de sus proyectos y que el Contencioso Administrativo dirá quién tenía razón y esperamos que eso sea favor nuestro”.
Desde Conconcreto se afirma que la Contraloría no los ha dejado defenderse, ¿a Coninsa le pasa lo mismo?
“Se ha solicitado que se permita hacer preguntas y que se lleven expertos para que opinen sobre el tema, y hasta ahora la Contraloría no lo ha considerado. Si de parte nuestra dijéramos que lo están haciendo y que han oído todas nuestras consideraciones no estaríamos pensando en que necesariamente vamos a tener que utilizar tutelas, acciones populares o demandar ante el Contencioso Administrativo porque el soporte probatorio nuestro es muy robusto”.
¿Pero el fallo de la Contraloría es tan contundente que no hay derecho a replica?
“La Contraloría es autónoma 100% y dice que es lo que sirve y que no, y responde la apelación y la reposición”.
Este es un asunto que pasa por la responsabilidad, ¿desde su óptica es EPM el responsable?
“Ante el dueño del proyecto el contratista es EPM, que es quien tiene el contrato boomt (build, operate, owned, maintenance and transfer, es decir construir, operar, poseer, mantener y transferir el complejo) y nosotros somos subcontratistas de EPM”.
