Aunque consideró prematuro hacer un pronunciamiento de fondo sobre las recomendaciones presentadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, marcó su primera distancia, al rechazar el aumento en el porcentaje de cotización al sistema de pensiones de 16 % a 18%.
La iniciativa, contenida en el primer informe presentado el viernes por la Comisión (creada por el Artículo 361 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 o reforma tributaria), va en contravía de los esfuerzos hechos por el Gobierno, para reducir los impuestos a la nómina que deben pagar los empresarios, dijo Cárdenas en diálogo con EL COLOMBIANO.
El funcionario defendió las acciones fiscales ejecutadas este año, anunció que en enero hará una ronda por las calificadoras internacionales de riesgo para mostrar la solidez de la economía colombiana y confió en que en el primer semestre del año esté finalizado el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
¿Cuál es su impresión sobre el resumen presentado por la Comisión?
“Es muy temprano para hacer una evaluación de ese trabajo. Ha sido una tarea seria y el Gobierno respetó la independencia de sus integrantes. Pero, aún faltan los veinte documentos detallados que sustentan las diferentes recomendaciones. Este es un trabajo para la reflexión, para las campañas políticas que se avecinan y para las decisiones que se deberán tomar más adelante” (ver recuadros).
Es decir, ¿en los meses que faltan de este Gobierno no se podría avanzar en algo?
“Hay algunos temas en los que se puede trabajar, y la Comisión plantea que hay muchas áreas en las que lo logrado es muy positivo y, específicamente, en el sistema de compras centralizado Colombia compra eficiente o el Portal de Transparencia Económica”.
En lo referente al gasto público en pensiones, la Comisión sugirió actuar en seis frentes...
“En este tema solo haré un comentario y tiene que ver con el aumento planteado para la cotización para pensiones. Después de haber reducido los impuestos a la nómina y ver los efectos que ha tenido en la generación de empleo formal, creemos que ese incremento va en contravía de las reformas que ha tenido el país y que han sido exitosas, así que no es conveniente elevar la carga que corre por cuenta de los empleadores. Discrepo de esa recomendación, pues hicimos un gran esfuerzo en 2012 para reducir los impuestos a la nómina y ahora no podemos dar marcha atrás. Además, el tema pensional es tan complejo que se requiere una propuesta integral y ahí faltan debates y discusiones políticas y técnicas que permitan tener un consenso”.
¿Cómo resume el año económico 2017, en el país?
“Este fue un año de transición, con un arranque débil por la reducción en el crecimiento del crédito y por el efecto del aumento del IVA que pasó del 16 % al 19 %, lo que frenó el gasto. Otro aspecto imprevisto fue el menor avance en los cierres financieros de las vías de cuarta generación o 4G, por cuenta del escándalo Odebrecht. Pero, después de un mal primer semestre se vieron mejores señales a partir de julio y este año cerrará con un crecimiento del 1,7 %. La inflación termina cerca al 4 %, el déficit externo se ubicará en un 3,6 %, al igual que el déficit fiscal”.
A pesar de esa perspectiva favorable, Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia del país, ¿qué pasará con Moody’s y Fitch Ratings?
“Estamos estructurando una estrategia alrededor de un mensaje de confianza y de que Colombia ha actuado con responsabilidad. Tomamos con seriedad los retos económicos, redujimos el gasto, subimos el IVA, hemos logrado frenar la inflación, así que estamos seguros de que el país no le dará sorpresas a los inversionistas y prueba de ello es que la inversión extranjera ha crecido y las tasas de interés de los bonos muestran una tendencia favorable, porque las condiciones para los negocios siguen mejorando”.
¿Irá personalmente a llevar ese mensaje de tranquilidad a las calificadoras?
“Sí. Tenemos que hacer en enero una ronda de visitas a las calificadoras, incluida Standard & Poor’s, ante las que insistiremos en la seriedad del plan financiero que nos permitió ahorrar 3,2 billones de pesos y recortar el gasto para cumplir las metas fiscales futuras”.
En el entorno local las encuestas de opinión empresarial y de percepción de los consumidores cierran en niveles negativos...
“Siempre hay grandes expectativas en materia económica en las empresas y los hogares y todos quisiéramos avances más rápidos. Ese sentimiento nos mantiene con motivación para impulsar el crecimiento. Sobre la estabilidad económica que tenemos es que debemos trabajar”.
Cada que hay un cambio de Gobierno, se oye una frase de cajón: “nos dejaron la olla raspada”. ¿Qué encontrará su sucesor en el Ministerio de Hacienda, en agosto de 2018?
“Va a encontrar una economía con una ruta clara trazada, con unas condiciones económicas en plena recuperación y unas finanzas públicas ordenadas y sin sorpresas. También encontrará compromisos futuros para apalancar las 4G y el metro de Bogotá. Encontrará una Dian fortalecida con más herramientas para controlar la evasión. En síntesis, lo que habrá para ese momento es una economía estabilizada y con una buena base e impulso para lograr mayores crecimientos y avances”.
¿Qué falta en el proceso de incorporar a Colombia en la Ocde?
“Falta, formalmente hablando, la aprobación de tres comités, de los cuales dos ya han dado de manera informal un aval. Se trata de los comités de Economía y Desarrollo y del de Asuntos de Comercio que ya sesionaron y deben formalizar la aprobación. El trabajo de fondo está con el comité de Asuntos Laborales, en el que estamos concentrando nuestros esfuerzos”.
¿Esta inclusión se dará antes de agosto de 2018?
“Estamos avanzando con la visión de lograr este acceso en el primer semestre del año que viene, y será uno de los legados económicos que queremos dejarle al país”.
¿Qué efectos provocará la reciente reforma tributaria aprobada en Estados Unidos?
“Con los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico (Perú, Chile y México) estamos en ese análisis. Prevemos, por ahora, que las empresas norteamericanas serán más competitivas”.
18 %
porcentaje de cotización a pensiones propuesto por la Comisión del Gasto.
- ALGUNAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DEL GASTO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA
1. LA URGENTE REFORMA PENSIONAL
El diagnóstico de la Comisión en materia pensional es simple: el sistema de jubilación colombiano presenta una bajísima cobertura y el gasto público destinado al pago de las pensiones resulta regresivo.
Bajo esa premisa, se recomendó una reforma que debe buscar dos objetivos: aumentar la cobertura del sistema de protección a la vejez y moderar el gasto público en pensiones y corregir su regresividad.
El tablero de tareas propuesto es más amplio y también contiene un aumento de la edad de jubilación, así como la utilización del promedio del salario de toda la vida laboral o al menos el de los últimos 20 años (en vez de los últimos 10 que se utilizan actualmente) para calcular el ingreso base de liquidación en el Régimen de Prima Media o (RPM) de Colpensiones.
Igualmente, se planteó un incremento en el porcentaje de cotización de 16 % a 18%, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema (idea que no comparte el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas).
También se aconsejó reducir el tope existente para las pensiones del RPM que en este momento se ubica en 25 salarios mínimos (18,4 millones de pesos), así como establecer un gravamen a las pensiones altas.
2. 5 FRENTES PARA REORDENAR EL GASTO EN SALUD
Tras revisar el gasto público en salud, la Comisión sugirió emprender acciones en cinco aspectos clave, entre ellos la organización industrial del sector, ajustar la coherencia entre los beneficios que ofrece el sistema y el flujo de gastos que genera, reconocer y pagar las deudas acumuladas entre los distintos actores del sistema y capitalizar a las Entidad Promotoras de Salud (EPS).
Además, consideró que es necesario disponer de fuentes adicionales de financiación del sector para hacer frente a las presiones actuales de gasto y a las perspectivas de aumento en esas presiones como consecuencia del cambio demográfico (aumento de la población) y los desarrollos tecnológicos. En ese sentido se recomendó redireccionar un punto porcentual de los cuatro puntos de aporte que hoy se asignan a las cajas de compensación familiar para destinarlos al sistema de salud. Es decir, la idea es que de los recursos que las empresas les trasladan a las cajas (4 % sobre el salario del empleado) se destine un punto, o sea el 1 %, para financiar el sector salud.
También urgió: “aclarar y reconocer las deudas legítimas entre los actores del sistema”, las cuales se estiman en siete billones de pesos, pero advirtió que algunas pueden estar viciadas.
3. EFICIENCIA PARA LA EDUCACIÓN
Los expertos estimaron que los recursos para la educación deben enfocarse en cada uno de los niveles por el que debe pasar cada colombiano, es decir la educación inicial y la atención, luego la educación básica y media, y en el nivel superior.
En este ítem, el listado de propuestas están orientadas a revisar la institucionalidad del sector de manera que el Ministerio de Educación sea el que ejerza el liderazgo de la política educativa en todos sus niveles. Como principio general, no debe concentrarse en la misma cabeza el diseño de la política y la ejecución.
Se propone que esa cartera asuma el monopolio del diseño de las políticas para la educación inicial y la atención integral a la primera infancia y para la formación para el trabajo. Esto pondría al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) bajo su sombrilla, es decir que deje de estar adscrito al Ministerio de Trabajo.
Adicionalmente, la Comisión recomendó la creación de una Superintendencia de Educación que tenga la capacidad de intervenir las secretarías de educación y las instituciones educativas, para asegurar el buen uso de los recursos del sector, en todos sus niveles, en línea con los objetivos de cobertura y calidad.
4. CUENTAS MUY CLARAS PARA LOS SUBSIDIOS
“En Colombia es difícil identificar el gasto que se destina a la entrega de subsidios, entendidos como las contribuciones financieras del Gobierno a hogares o personas y a productores o empresas”. De esta manera se introdujeron las recomendaciones para controlar el gasto en subsidios, que según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) suma los 72 billones de pesos.
La Comisión abogó por el establecimiento de un proceso estandarizado, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), para diseñar, evaluar y entregar los recursos de subsidio, asegurando que este tenga la justificación económica adecuada y que no tenga un efecto indeseado sobre el comportamiento de los individuos o las empresas.
Puntualmente, se pidió una revisión prioritaria de los subsidios que se entregan a través de las exenciones tributarias al impuesto corporativo de renta, los subsidios a las pensiones y los subsidios a los productores agrícolas que se entregan a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y en particular por la vía del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y los créditos subsidiados, entre otros.
5. EN DEFENSA DEBE MANTENERSE
Para los intergrantes de la Comisión, el gasto militar y de policía de Colombia es relativamente alto en comparación con otros países de América Latina, pero no es excesivo entre países que enfrentan amenazas internas de diverso tipo.
Bajo esa perspectiva, se planteó una recomposición del gasto del sector en línea con las necesidades actuales del país, pero “reconociendo que en el corto y mediano plazo no se ve posible una reducción del gasto militar”.
Igualmente, se señaló que el acuerdo suscrito con las Farc conlleva el compromiso del Estado de garantizar la seguridad en todo el territorio y, en particular, en las zonas que estaban en conflicto, con énfasis en la fuerza policial. “La consolidación de la paz requiere de las fuerzas armadas para la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, la seguridad fronteriza y la seguridad ciudadana”, se lee en el texto.
Y aunque la Comisión reconoció que la fuerza pública requiere condiciones de remuneración acordes con su dignidad y labor, propuso simplificar y hacer más transparentes los sistemas de remuneración de todos sus miembros, revisar los sistemas de pensiones y revisar su sistema de salud.
