Cómo un hecho histórico catalogó la Ocde el compromiso que suscribieron en París 130 países y que abre la puerta a una nueva fiscalidad de las multinacionales para evitar que se alojen en paraísos fiscales y así evadir pagar impuestos.
El mecanismo consensuado, al que no han querido sumarse nueve países, se estructura en dos “pilares” para el reparto, sobre una base estandarizada, gravámenes a grandes empresas entre todos los estados en los que tengan actividad, al margen de que tengan o no sedes sociales allí.
Con el primer pilar, concebido en especial para la actividad digital, estarán concernidas las compañías con facturación mundial superior a 20 mil millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %.
Todos los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en pequeños estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar. Lo que se repartirá entre ellos es del 20 al 30 % del beneficio residual una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente a 10 % de rentabilidad.
La Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) calcula que con ese procedimiento se redistribuirán más de 100.000 millones de dólares anuales.
El segundo pilar son las empresas con facturación de al menos 750 millones de euros, a las que se aplicará un tipo del impuesto de sociedades de al menos 15 %. El porcentaje definitivo se concretaría de aquí a octubre.
Gracias a la aplicación de ese nuevo tipo impositivo, superior al que aplican muchas jurisdicciones que alojan gracias a eso grandes corporaciones, la Ocde estima que se generará unos 150.000 millones de dólares anuales adicionales de recaudación fiscal que también se redistribuirán.
Por la equidad
Óscar Manco López, líder de Investigación de Mercados en Trust Investment, explicó que los 130 países pretenden una redistribución más equitativa de los recaudos fiscales donde las empresas generan el ingreso. “Se estaba dando que el país que tenía las sedes principales era el recaudador, y con esto se busca que los impuestos se redistribuyan donde la empresa los genera”.
Añadió que se requiere un acuerdo macro internacional para que se garantice que las multinacionales paguen en los países que están generando el impuesto.
“Los recaudos podrían alcanzar los 150.000 millones de dólares el primer año que se recaude, que sería 2023. Esto ayudaría a subsanar el hueco fiscal existente entre los países desarrollados y los que van en vía de desarrollo”.
Beneficios para los países
El secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, subrayó que “tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su justa contribución en impuestos en todo el mundo”.
Entre los países que no han firmado, algunos bajo presión y para no quedar asociados a lo que sería una nueva lista negra de paraísos fiscales, ya varios han manifestado su disposición positiva para adherirse. Es el caso de Irlanda, que desde hace años ha conseguido captar la sede europea de grandes multinacionales, en particular del sector digital, gracias a un tipo del 12,5 % en el impuesto de sociedades.
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, explicó, tras conocerse el acuerdo, que ha hablado con algunos de sus homólogos de países importantes, como la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y que no van a “escatimar esfuerzos para convencer” a “los últimos países reticentes”. El ministro francés explicó que su país espera recibir, gracias a los dos pilares, entre 5.000 y 10.000 millones de euros anuales.
En opinión de Manco, Colombia se beneficiará del acuerdo en el sentido de que la Ocde busca que los países en vía desarrollo alcancen productividad y competitividad, para lo cual el impuesto transnacional sería un gran apoyo y aplica al caso colombiano
