Las molestias que le surgen a los empresarios pyme por tener instalado software sin licenciamiento pasan por el pago de millonarias multas que pueden ser evitadas simplemente con saber responder requerimientos, atendiendo con cordialidad las inspecciones y no dejándose intimidar por posibles señalamientos de la sociedad.
Las grandes multinacionales tecnológicas saben que en Latinoamérica la piratería es grande. Se estima que solo en Colombia el 54 por ciento del software que se comercializa es ilegal y ahí ven una importante oportunidad de recaudo, que con multas y ventas obligadas de licencias, mueven al año unos 20 millones de dólares (55.000 millones de pesos), según expertos.
El gran problema es el desconocimiento, la omisión de la letra menuda, la mala asesoría y finalmente el temor del empresario a ser señalado por “pirata”, y por eso, salen a pagar excesivas multas cuando son requeridos y no saben defenderse adecuadamente, pero lo que no saben es que muchas de esas sanciones podrían ser mucho más baratas.
En el caso de Microsoft, se reserva el derecho de auditar cuando lo desee, eso sí, con previo aviso y procedimiento requerido. Algo que también pueden hacer otras firmas como Autocad, o un Oracle, por ejemplo.
“La realidad es que mientras mas pequeña sea la empresa más ilegal en licencias es, aunque las cifras de Colombia son las menos peores de la región. En países como Ecuador y Venezuela no importa tanto la piratería de software y por eso es más común”, dijo Ricardo Villegas, gerente de Infoconsulting S.A.S., empresa de consultoría en licenciamientos Microsoft.
Estructura de cobro
Las grandes multinacionales tecnológicas contratan con terceros el tema de inspección, quienes terminan pescando en río revuelto al mandar requerimientos a muchas empresas simplemente por sospecha de ilegalidad , sin tener pruebas de fondo.
Si bien hay licencias desde 40 dólares, pasando por 500, 1.000 y hasta más de 5.000 dólares, son los mismos empresarios quienes desconocen muchas veces esos procesos jurídicos, que surgen por no tener todo en regla y no tener una asesoría profesional.
Ni siquiera reconocen si es la Dian, la Superintendencia de Industria y Comercio, la misma Fiscalía, o incluso representantes del Business Software Alliance (BSA) los que puedan visitarlos.
También creen que podrían aparecer otros nombres como la Dirección Nacional de Derechos de Autor e incluso, firmas de abogados locales que tienen el poder de las grandes multinacionales para hacer el proceso de cobro. Realmente muchos no saben quiénes son.
“Estos terceros que tienen poder de las grandes firmas van a un juzgado con ese poder que representan, abren un proceso judicial en contra de la empresa sospechosa de ilegal y así programan una visita de inspección. De hecho pueden partir de denuncias anónimas que respaldan estos procesos judiciales, como parte de la denominada visita de prueba anticipada”, agregó Villegas.
Después de eso pueden pasar varios meses hasta que llega realmente la visita a la empresa, eso sí, ahí es cuando el día terrible le llega al empresario, al ver a un grupo de personas integrado por un perito, un abogado y un representante de un juzgado, tocan la puerta de la empresa con poder en mano e inician la inspección.
A partir de esta fatídica visita entra el pánico en la empresa, el dueño comienza a sudar frío y el equipo de colaboradores entra en shock, es más, al borde del desespero y todo empeora si ni siquiera está el jefe, o no se tienen las licencias a mano.
El perito una vez ingresa a la empresa, levanta una lista de equipos y programas licenciados, pero muchas veces sin saber que hay licenciamientos especiales, es decir, que una licencia sirve para varios equipos y quizá por su falta de experiencia, terminan cometiendo errores en perjuicio de los empresarios, cobrando más de la cuenta.
Según el gerente de Infoconsulting, a veces ni siquiera dejan acta en la visita, pero se puede presentar el caso que le digan a una empresa que tiene un faltante de un millón de pesos en licencias, por ejemplo. Posteriormente, el juzgado le dice al empresario que debe pagar ese valor a la multinacional que creó el software, adicionalmente debe pagarle una indemnización por el mismo valor de la licencia y además, otro 30 por ciento en honorarios para los abogados.
En total, es el 230 por ciento de sobrecosto que deben asumir los empresarios que sean detectados con software sin licenciamientos, sin saber que podrían pagar menos.
Problemática
Aunque es cierto que hay que reducir la ilegalidad en el uso de software en Colombia, se están presentando equivocaciones en las visitas que hacen los peritos, al exigir documentos que nos son obligatorios.
También está el caso de las licencias que exigen para conectarse al servidor de la empresa, a veces los peritos tampoco saben que con una licencia pueden operar varias personas pero piden una por una.
Las pymes terminan recurriendo a asesores informales que no advierten de los riesgos, que en casos puntuales, terminan pagando 500 millones de pesos a los peritos y prefieren hacerlo antes de armar cualquier ruido público, sin habérsele pasado por la cabeza que todo lo podía resolver pagando solo el 5 por ciento de ese valor total.
Acción de la Fiscalía
Para conocer los trabajos de inspección que realiza la Fiscalía por este motivo, se habló con el director seccional de Fiscalías, Germán Giraldo, quien explicó en primera instancia que para poder hacer una visita de inspección a una empresa, se requiere la existencia de una denuncia penal instaurada por alguna de las multinacionales tecnológicas, pero que esto no es algo que se presente de manera frecuente. “En este momento no cursa ningún proceso al respecto, ni tenemos planeada ninguna visita de inspección en Medellín”, comentó.
Sin embargo, reconoció que en otras ocasiones han estado en vistas de ese tipo pero que no es los más común porque los peritos que realizan la inspección lo hacen con órdenes de un juzgado.
Caso de emprendedores
Pasando ya a otro ámbito, específicamente al de emprendimiento para desarrollar software, que en Medellín tiene tal fortaleza que se convierte en una oportunidad exportable, existe también la preocupación para ellos de blindarse ante posibles fraudes por piratería.
Para ellos existe la propiedad intelectual pero esta se divide en propiedad industrial y en derechos de autor. Aquí es donde se protegen las obras: literarias, artísticas y software.
En la normatividad colombiana la Superintendencia de Industria y Comercio protege la parte industrial y la Asociación Nacional de Derechos de Autor se encarga del otro ámbito. Las nuevas creaciones están asociadas a derechos de autor, donde están las nuevas creaciones asociadas a obras, música, fotografía, software.
En el mundo de propiedad industrial es donde se habla de patentes y procesos de producción. Por ejemplo, Ruta N tiene programas para ambos mundos. Para propiedad industrial cuentan con un centro de apoyo a la tecnología e innovación, que orienta a emprendedores, empresas, universidades o personas en cuanto a temáticas de propiedad intelectual, para proteger sus creaciones e invenciones o vigilancia tecnológica.
Según Santiago Peláez, profesional de Plataformas de Innovación en Ruta N, también tienen en la corporación un fondo de fomento a la protección de invenciones, que se encarga de cofinanciar para proteger una invención en el caso de patentes.
Dentro del tema de derechos de autor, existe un apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Departamento Nacional de Planeación, conjuntamente con Ruta N, montaron un programa de fortalecimiento de capacidades de propiedad intelectual para negocios digitales.
“Este programa busca capacitar y sensibilizar a los emprendedores digitales de la ciudad. En la ciudad hay muchas agencias de publicada, empresas creativas y desarrolladores de software que le dan mucha más pertinencia a esta temática”, agrego Peláez.
Asimismo, desde Ruta N se están montando aceleradoras digitales, empresas de base tecnológica que se fundamenta en la TIC, pero esta industria tiene un alto desconocimiento en el tema de protección de sus creaciones.
“El programa tendrá varia temáticas, entre ellas que un emprendedor digital tenga claro lo que tiene, una marca, un software o un patente, es la identificación de los activos. Lo segundo es un aseguramiento jurídico, pero en esencia, se busca formar una masa crítica en desarrollo en Medellín, que le de acompañamiento a los emprendedores tecnológicos.
54%
del software que se comercializa en el país es ilegal, según los cálculos
de los proveedores.
