Las cesantías son clave en tiempos en los que la desocupación llega a 2,6 millones las personas, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Los recursos son una prestación legal al que todo empleado tiene derecho correspondiente a un mes de salario por año trabajado.
En Colombia, este beneficio llega a casi 10 millones de personas que a julio de este año estaban afiliadas a alguna Administradora de Fondos del Pensiones y Cesantía (AFP), según datos de la Superintendencia Financiera. De ellos 8,2 millones tenían su vinculación en una empresa privados y 1,7 millones en el sector público a través del Fondo Nacional del Ahorro.
Por eso, el Decreto 1562 de 2019 es clave pues introduce nuevas posibilidades de utilización: viabiliza el uso de estos recursos para prepagar educación, la compra de acciones, y exige una mayor vigilancia del empleador en su destino.
Antes de esta modificación su uso se restringía aspectos como: la terminación del contrato, compra o arreglo de vivienda, pagos de estudio (propios o de terceros), llamado al empleado para prestar servicio militar, cambio de salario a integral o porque en la empresa se presente una sustitución patronal.
Ayer durante la socialización de la norma, el presidente Iván Duque dijo que una de las transformaciones sustanciales, justamente, se concentra en el ahorro programado que permite destinar un flujo de recursos para un fin determinado: la construcción anticipada de un capital que respalde el gasto futuro en la educación superior de los hijos o dependientes. Esa figura son los seguros estudiantiles. (Ver Para saber más)
“Generamos un sistema de aseguramiento para la educación que alivia riesgos para las familias. Antes las cesantías para educación se reclamaban con matrícula en mano; ya no será de esa manera. Es una iniciativa que le permite a los jóvenes tener acceso a recursos para financiar su educación, en caso de que sus padres o responsables fallezcan”, puntualizó Duque.
Dar opciones para el uso de las cesantías toma relevancia si se tiene en cuenta que las de 10,7 billones de pesos que se recaudaron el año pasado por este concepto, 1,84 billones fueron reclamados por la pérdida de empleo.
El retiro de los recursos creció 9 % con relación a 2017, de acuerdo con la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos).
En total, los recursos administrados de cesantías ascienden a 13,8 billones en fondos privados y 5,5 billones en el público.
