Un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda, con el que se transfirieron de una cartera a otra las acciones de siete electrificadoras del país, fue una de las razones que terminó llevando la semana pasada a un debate de control político en el Congreso a los ministros José Manuel Restrepo y Diego Mesa.
El caso tiene que ver con la transferencia a título gratuito de las acciones por $1.07 billones que tiene el Gobierno en empresas como la Electrificadora del Meta (Emsa), la cual ha sido la punta de lanza en la discusión, y fue por la que se citó al gobierno a la Comisión V del Senado hace ocho días. Pero, ¿qué hay detrás de esto?
La versión del Gobierno es que MinMinas transfirió las acciones a MinHacienda para hacer una optimización a esos activos que posee la Nación. “Las valoraciones las hacemos para optimizar los activos estratégicos. El propósito de esto es tener perspectivas de cara a lo social, a lo económico y a la estrategia con los caminos a seguir”, dijo Restrepo. Además, de acuerdo con el Gobierno, se hizo esto con base en los planes de tener a las empresas estatales centralizadas en un ministerio para un mejor manejo.
Sin embargo, la primera vicepresidenta del Senado, la congresista Maritza Martínez, le dijo a EL COLOMBIANO que aunque en el discurso el ministro Restrepo ha dicho que no hay nada en firme sobre ventas, “lo que indican las actuaciones de los dos ministerios es que todos estos pasos son previos a una enajenación” que llevaría a la privatización de las electrificadoras. Según Martínez, al terminar el debate de control político, la posición del Gobierno Nacional sigue dejando sinsabores y contradicciones.
Este diario revisó los documentos de la transferencia, y en ellos aparece que las acciones que el gobierno tiene en Emsa son del 55,67 % (ver gráfico).
La cita en el Congreso
Las eventuales ventas de las que se habló en el Congreso no solo preocupan al sindicato de la Emsa, a la Gobernación del Meta y a Martínez. De hecho, durante las intervenciones, el senador Guillermo García Realpe manifestó su inquietud por lo que pase con Centrales Eléctricas de Nariño.
En el caso de la congresista Martínez, durante 32 minutos argumentó por qué la transferencia se dio sin que la Dirección General de Participaciones Estatales tuviera potestad para ello. Su pregunta a los ministros fue concreta: “¿Quiere el gobierno vender su participación accionaria en la Emsa?”.
Ante esto, los ministros tomaron la palabra. El primero fue Mesa, quien dijo que así haya pasado a MinHacienda, su cartera sigue participando de discusiones que se hagan. Y que en este caso, “los conceptos jurídicos decían que no se requería seguir el proceso de la Ley 226 de 1995, de Enajenación, porque era una transferencia entre entidades estatales”.
Luego la tomó Restrepo, quien dijo que por la pandemia el país necesita financiarse, y una de sus estrategias es hacer valoraciones a los activos del Estado para optimizarlos. “En el marco fiscal a mediano plazo se debe trabajar en tres frentes: sostenibilidad social, fiscal, y reactivación”, dijo.
Respecto a la pregunta de la senadora, el ministro no la respondió directamente, pero dijo que no hay nada decidido hasta el momento por una posible venta, “eso no significa que nosotros no evaluamos de manera amplia esas estrategias de optimización”, resaltó.
Puntos en la discusión
Martínez le contó a este diario que en el Meta se quieren evitar un caso como Electricaribe. Y respecto a esto, congresistas como Jorge Eduardo Londoño recordaron la venta a privados de otras empresas como la Electrificadora de Boyacá. Según él, una enajenación no garantizaría un mejor servicio, que es el objetivo.
Para evitar que esto pase, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que la idea del departamento (segundo accionista de la Emsa) es reclamar una mayor participación en la Emsa por la inversión que ha hecho, cercana a los $117.000 millones. “A pesar de tener el 26 % de las acciones no nos han hablado con claridad sobre cuáles son las pretensiones del gobierno”, añadió el gobernador.
Sin embargo, el ministro Restrepo dijo que para que las acciones se le den al departamento “debe haber una validación sobre la existencia, justificación y valor de montos endeudados, con conceptos técnicos y judiciales”. La participación del Estado en Emsa asciende a los $148 mil millones, por lo que con esto se subsanaría la inversión de la que habla la Gobernación.
En este punto, el profesor Andrés Emiro Díez, profesor en la facultad de Ingeniería de la UPB, aclaró que “sería muy bueno que permanezca el Estado, porque se necesita una transformación entre ambos sectores (público y privado), estas partes deben trabajar de manera colaborativa”.
Otro de los temas que destacó Martínez es que las respuestas del gobierno no han sido claras en el sentido de que algunas anuncian a la Emsa como empresa estratégica para el Estado, y en otras no le dan ese estatus. De todas formas, ante la situación, la senadora insistió en que aunque hay fallas en la prestación del servicio, la empresa genera utilidades. De acuerdo con documentos presentados, con $31.030 millones, las ganancias en los primeros cinco meses de este año son del 13.02 %.
Para Arnulfo Mendoza, presidente del sindicato de Emsa, la incertidumbre también está en los 180 trabajadores a los que representa. “Este año se empezó a mover entre diferentes medios la contratación de la banca y de la valoración de activos”, le contó a EL COLOMBIANO.
Los movimientos
Esos pasos a los que se refirió el líder sindicalista los dio a conocer Martínez a este diario. “El 7 de diciembre pasado se dio el traspaso a título gratuito; el 29 de ese mes MinHacienda suscribió un contrato por $3.360 millones para que les asesoren, analicen, diseñen y elaboren el plan de enajenación de la participación de las electrificadoras”, explicó.
Y añadió que en 2021 los adelantos de los que no han obtenido respuesta concisa no pararon: “En febrero suscribió el Contrato de Méritos 01 de 2021 para que se le preste asesoría y banca de inversión a MinHacienda, y para que se le realice la valoración”. Pero solo se presentó un proponente y no se declaró precedente.
La idea de Restrepo de que el Estado quiere optimizar y valorar sus participaciones en las 103 empresas que tiene, sin contar las de seguridad nacional, va por este camino, aunque con puntos de vista contrarios. Este proceso aún sigue abierto, pues el mes pasado se hizo otra “apertura del programa de enajenación, por $4.898 millones, y esta todavía está en borrador porque se realizaron observaciones al pliego de condiciones”, dijo Martínez.
Al final, el gobernador recordó que estará pendiente de los avances en las acciones que pasarían a ser del departamento; el ministro Restrepo se mantuvo en su posición de que todo es con el fin de optimizar; y la senadora Martínez reconoció la presencia de Restrepo, aunque dijo que nuevamente no quedó implícito el pensado del Gobierno Nacional ante la situación
