Desde agosto, un paraguayo lleva las riendas de TigoUne. Marcelo Cataldo asumió la responsabilidad de comandar la empresa que resultó de la fusión de los negocios de telecomunicaciones de EPM (UNE) y Millicom (Tigo).
En diálogo con EL COLOMBIANO, Cataldo explicó qué le espera a la industria, los retos que supone la desactualizada regulación y el fuerte impacto del dólar.
Pide al Gobierno que amplíe los llamados cargos asimétricos, en que el operador dominante (Claro) paga más en llamadas desde su red a otros operadores y, por esa vía, equilibrar más el mercado.
El presidente del segundo operador más grande de telecomunicaciones del país, que al año pasado facturó 5,3 billones de pesos, está preocupado por el impacto que tenga la próxima reforma tributaria y el retraso que supondría a la digitalización del país. También da pistas sobre lo que viene para el negocio y propone revivir la polémica cláusula de permanencia.
¿Cuál es su principal reto al frente de TigoUne?
“Navegar estos momentos complejos para la economía. El país estuvo acostumbrado a niveles de crecimiento altos. El efecto del dólar para una industria como la nuestra es complejo, porque las inversiones son en esa divisa. Con una devaluación de 70 % es difícil transferírsela al consumidor. Con ese panorama, la fusión fue de gran ayuda, nos hace más sólidos en un momento complejo”.
¿Qué estrategia tiene a mediano plazo?
“Mantendremos la misma línea. Estaremos cerca a los clientes y nos adaptaremos para crear un estilo de vida digital. Sin embargo, los niveles de crecimiento se afectaron por cómo se comporta el mercado. Vemos oportunidades de expansión en el segmento de telefonía móvil, donde somos terceros”.
¿Cómo están repartidos en el resto del mercado?
“Tenemos el 20 % en mercado de móvil. Pero en el de datos ya capturamos el 27 %. Lo que demuestra que le apuntamos al futuro de la tecnología. Tenemos una configuración del negocio que va en esa dirección. Pero operamos un escenario que no es equilibrado. Hay un competidor dominante”.
Pero ese no es un escenario nuevo, ¿se mantienen estáticas las participaciones?
“Se ha avanzado, pero aún la concentración es alta. Hemos escrito una propuesta de política pública para explicar el problema y dar soluciones. Tenemos que hacer nuestra gestión y decir por dónde creemos que debemos ir. Por ejemplo, la Antv tiene una regulación preinternet y hoy la televisión y contenidos se juegan mediante los datos. El contexto regulatorio tiene que entender un nuevo panorama y adaptarse. Hoy el esquema no coincide”.
Eso nos lleva a hablar del efecto de los cargos asimétricos vigentes...
“Es una de las pocas iniciativas del Gobierno para buscar un mejor equilibrio. Uno se da cuenta que la participación del dominante ha disminuido de cierta forma, pero solo si miramos los asimétricos a nivel global, porque en el detalle del mercado es muy compleja la situación”.
En ese equilibrio que proponen, ¿piensan en las asignaciones de espectro, por ejemplo en la banda de 700 megahercios (MHz)?
“Por supuesto, el Gobierno dice que lanzará la subasta de espectro de bandas bajas y nosotros llevamos 12 años trabajando en bandas altas, nunca tuvimos acceso a las bajas. La mitad de nuestro patrimonio es de una empresa pública y creemos que deben existir condiciones diferenciadas frente a otros competidores que ya tienen bandas bajas (Claro y Movistar)”.
¿Qué quiere decir?
Técnicamente, en bandas altas se exige tener radiobases más cerca unas de otras, y eso es más inversión y más mantenimiento. Hemos operado más de una década gastando más para tener lo mismo que podrán tener los demás. Por ahora, tenemos espectro en la banda de 1.700 MHz, en conjunto con Telefónica, y esa red tiene mucha capacidad para crecer”.
Pero, ¿eso no restringe la posibilidad de favorecer al consumidor?
“Cualquiera puede disfrutar 4G (internet móvil de alta velocidad) sin ningún problema. Los precios de los teléfonos que sí han acompañado al dólar en su subida han hecho que la transición de 3G a 4G sea más lenta. Para alguien que gane un mínimo es difícil pasar de un teléfono de 20 mil pesos a uno de 150 mil o más y ahí es donde hay que trabajar”.
En ese sentido, tendrán menor demanda con un escenario tan complejo...
“No, la demanda es mayor, porque el usuario hace dos año consumía un gigabyte y ahora dos gigabytes y medio. La demanda de datos ha crecido mucho más rápido que nuestra capacidad de gestionar precio. Además la infraestructura se ha vuelto más cara. Como cualquier compañía en una situación no tan positiva, gestionamos costos y acudimos a proveedores para lograrlo, buscamos optimizaciones en canales de venta, en aumentar productividad y, por supuesto, invertimos menos”.
Con la devaluación afectando el negocio internamente, ¿qué opciones ven para que los usuarios tengan acceso a móviles?
“Trasladaría esa misma pregunta al Gobierno. Entiendo que hay necesidades fiscales, pero creo que hay iniciativas particulares o parciales, como la de quitarles los impuestos a los teléfonos de menos de 100 dólares que ayudarían mucho más al país. Ahora, el que pone cuánto vale el teléfono no soy yo, y no tengo cláusula de permanencia para hacer un negocio en que el consumidor tiene un beneficio adicional”.
Entonces, ¿usted cree que la cláusula se debe revivir?
“Como TigoUne creemos que es una herramienta válida que beneficia al cliente, pero no debe ser obligatoria: que cada usuario decida si quiero o no tenerla. Antes las cosas no eran así: se daba un descuento preferencial por saber que usted se quería quedar conmigo. Yo no gano por el teléfono, gano por el servicio. Si cancela un contrato de un crédito, por ejemplo, ¿no tiene una penalidad?, lo mismo pasa con la telefonía”.
Pero ese modelo tiene muchos detractores...
“Claro, pero es que el escenario es diferente y el golpe a los consumidores es muy grande. Mire: un teléfono de 1.000 dólares antes valía 1,8 millones de pesos, usted como consumidor ponía 800 mil. Entonces preguntaba a cualquier persona y decía que ese móvil valía 800 mil pesos. Con dólar a 3.000 pesos, ese mismo teléfono pasó a costar tres millones de pesos. El dólar pone la vara, pero yo puedo dar mecanismos para que el consumidor se beneficie”.
Hablemos de reforma tributaria. La Comisión de Expertos recomienda aumentar el IVA para telefonía e internet, ¿han dimensionado el impacto sobre la industria?
“Mediante Asomóvil (gremio) estamos haciendo un análisis, porque el impacto no es solo para TigoUne. Aumentar el IVA pone a toda la industria en una situación complicada, pero el Gobierno y el Congreso son los que deciden y tenemos que ajustarnos a eso”.
¿Qué otro tema dentro de la reforma le quita el sueño?
“Cuando hablamos del impuesto al consumo que tenemos en la voz y es de 4 %, en primera instancia ese impuesto no coincide con el escenario del consumo. La voz no es un servicio suntuario, es como el gas, como la electricidad, es un producto que nos lo regulan como un servicio universal. Pero nos ponen impuestos como servicio suntuario”.
Pero entra allí la discusión entre comunicación y entretenimiento...
“Sí, pero quién es el más perjudicado: el usuario de menor acceso y capacidad adquisitiva, quien usa el teléfono para llamar. La gente que tiene poder adquisitivo paga. Pero cuando la meta del Gobierno son 27 millones de personas con datos a 2018 para una mayor digitalización de Colombia, ahí es donde sufriremos como país”.
Bueno, pero la otra cara de la reforma es que bajaría la tasa efectiva de tributación, ¿lo ven con buenos ojos?
“La tasa efectiva anual de tributación es muy alta. Pero esto hay que verlo en 360 grados, porque la regulación, el acceso a los recursos limitados como el espectro, la tasa impositiva, son un solo pedazo que no resuelve la ecuación. Hay cosas que ni siquiera son de impacto directo a TigoUne, como el IVA a los smartphones (celulares inteligentes). No soy quién para juzgar dónde se ponen los impuestos, pero sí pienso en la digitalización de Colombia y en el teléfono como su herramienta y pensaría muy bien qué carga le pondría”.
¿Por ejemplo?
“Solamente hablo de teléfonos 4G que cuesten menos de 100 dólares, si les quitamos el IVA, con eso se impulsa la digitalización de Colombia”.
Y en materia de infraestructura, ¿qué les preocupa?
“Seguimos en la lucha. Le hemos dicho al MinTIC, que si me exige un nivel de calidad del orden de 97 % a 98 %, si bajo de ese nivel, las multas son increíblemente altas y debo devolverle los minutos al consumidor. Pero, por otro lado, tengo al municipio que no me deja instalar las antenas. Entonces necesitamos ayuda”.
Con todo esto, ¿cómo despunta la inversión para el próximo año?
“Como industria, Asomóvil ha dicho que han disminuido en un rango de 15 % semestralmente, más o menos. Algunos competidores o nosotros desinvertimos en uno u otro segmento, pero la inversión será menor a la de 2016. Ahora las inversiones de TigoUne son muchas, en red móvil y fija. Venimos en una reconversión de la red en Medellín y ese es nuestro foco”.
Un tema que no se puede pasar: posconflicto. ¿Cómo analiza desde la inversión este paso?
“Creemos firmemente que la paz es un elemento muy bueno para Colombia, desde la inversión se ve con muy buenos ojos desde la estabilidad del país. Todavía no entendemos claramente el impacto en la economía colombiana, se habla mucho pero se entiende poco. Los mismos economistas no saben cómo se podrán usar esos datos en términos de ecosistema de industria, donde hablamos de nivel de inversión, desequilibrio cambiario, entre otros”.
Y para terminar, en la novela con RCN y Caracol por la transmisión de la señal HD, ¿qué posición tienen?
“Cumplo y cumpliré lo que dice la ley. Tengo obligatoriedad de transmitir, mientras hay una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que dice que debo pedir autorización. Tengo claro lo que debo hacer”.
¿Hablarán con los canales?
“No. Cumpliré la ley y ya”.
