La subasta del espectro es importante porque es la iniciativa que asegura el despliegue de infraestructura que garantizará la prestación del servicio de internet móvil a 3.658 localidades de zonas rurales alejadas en los 32 departamentos del país. Además, porque es el primer paso para que el 50 % del territorio colombiano, que no tiene la oportunidad de pagar por estos servicios, ahora pueda adquirirlos.
De ahí que operadores, ciudadanía y entidades internacionales estuvieran en vilo por la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones frente a la solicitud de renuncia de Partners (uno de los operadores que pujó en la iniciativa) por haber cometido “un error” en la propuesta del bloque de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz.
Pues ayer el Ministerio dijo que continuará con el plan, que no tendrá en cuenta el bloque que había sido adjudicado a Partners, y que hará exigible una sanción de 42.000 millones de pesos (el 2,41 % de los 1,74 billones ofertados por el bloque) a la firma por el incumplimiento.
Como respuesta al pronunciamiento del Gobierno, Partners señaló en un comunicado estar “decepcionada por la multa”, pero que trabajará por invertir 1.000 millones de dólares en los próximos años, y anunció la generación de 2.000 empleos directos.
El Ministerio añadió que con la decisión no se verán afectadas las comunidades a las que se llegará con esta infraestructura, y que tampoco se pone en entredicho el cálculo inicial de 5 billones de pesos que recibirá Colombia, en los próximos 17 años, por el arriendo del espacio, debido a que desde que se conoció la asignación se daba por descontado ese bloque, y el ingreso que significaba.
Sin embargo, Tigo, a través de Millicom (dueña del 50 % de la firma) ya había dicho que se estaba generando un daño patrimonial significativo a las arcas nacionales por el dinero que se hubiera podido recibir para esa parte del espectro; argumento compartido por otros operadores como Telefónica y Claro.
Un debate sobre el error
En una carta dirigida al presidente Iván Duque, Mauricio Ramos, CEO de Millicom, había puesto en entredicho el error del operador. “Partners ofertó 1,60 billones de pesos a las 11:41 a.m. el día de la subasta. A las 12:30 p.m. reiteró y aumento su oferta a 1,74 billones. En cada una de estas dos ocasiones la plataforma digital de la subasta exigía a Partners verificar su oferta y firmarla digitalmente (...) ¿Cómo es posible que esto haya sido un simple error?” (ver Cronología).
Equivocación que también puso en entredicho la Procuraduría General de la Nación en una carta enviada a Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “El supuesto error aducido por Partners es en el precio o valor ofertado (...) Sin embargo, en las diligencias disciplinarias se cuenta con evidencias según las cuales la plataforma daba la oportunidad al oferente de escribir manualmente la oferta en un formulario y daba la oportunidad de confirmar el valor en la pantalla”.
Sobre este tema, el Ministerio, en un comunicado de prensa, dijo que se enviaron las aclaraciones pertinentes a la Procuraduría; y a su vez agradecieron el proceso de acompañamiento.
Para Leonardo Betancur, profesor de la Facultad TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctorado en ingeniería en Telecomunicaciones, la lógica de la sanción si bien es acorde con el proceso pudo haber dejado una multa más ejemplar (ver Opinión).
“Se tenía que mandar el mensaje de que si se va a hacer negocios con el Estado la cosa debería ir en serio. El otro gran problema es que ese espectro tendrá que entregarse en un próximo proceso, pero un nuevo interesado seguramente ofrecerá mucho menos por quedarse con su manejo”, explicó el académico.
Otras reacciones
Los operadores se manifestaron sobre la decisión y volvieron a traer los argumentos con los cuales pidieron al Ministerio decisiones drásticas por lo que suponía un gran problema para el plan de conexiones a internet móvil más importante de los últimos años.
“Acudiremos a todas las instancias necesarias para defender el debido proceso y la institucionalidad de la subasta. Por tanto, Tigo se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan”, explicó la empresa en un comunicado. Telefónica rechazó también la decisión del Ministerio pues “establece un precedente muy grave”, pero no se refirió a medidas legales.
Claro, por su parte, dijo en un comunicado que por ahora está estudiando la situación y evaluando las opciones.
Entonces, el plan sigue, y como se había establecido en la resolución inicial, la idea es que se empiecen a asignar los espacios, que serán entregados en permisos hasta 2040.
De esta manera Claro empezará a desplegar su infraestructura en 1.348 territorios del país entre 2020 y 2025; Tigo lo hará entre 2021 y 2025 en 1.636 localidades informadas; y a pesar de que ya no cuenta con uno de los bloques, Partners hará presencia en otras 674 localidades, según el Ministerio .
70 %
de la población en el país es la meta de cobertura con internet móvil a 2022.
