La propuesta del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en el sentido de vender la participación que tiene la Nación en algunas electrificadoras del país como fórmula para que el Ejecutivo obtenga nuevas fuentes de recursos, volvió a coger fuerza en los últimas horas.
La intención del gobierno, según el funcionario, es ofertar estos activos, no al sector privado, sino a organizaciones públicas como EPM o el Grupo Energía Bogotá (GEB).
Así, con la posible enajenación, a las arcas del Estado le entrarían cerca de $3 billones.
A la fecha la Nación tiene participación en la Electrificadora del Huila, Electrificadora del Caquetá, Electrificadora del Meta, Empresa de Energía de Urrá, Empresa Distribuidora del Pacífico, Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés y Providencia, Empresa de Energía del Amazonas, Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gestión Energética, Centrales Eléctricas del Cauca y Centrales Eléctricas de Nariño (ver gráfico).
Y según la proyección del Ejecutivo, un primer grupo entrarían en vitrina la Electrificadora del Meta, la Electrificadora del Huila; Centrales Eléctricas de Nariño, la Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y la Empresa de Energía de Urrá.
Ayer, en horas de la mañana la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvieron una reunión en la que evaluaron no solo la participación de la Nación en 10 electrificadoras, sino además que siete de estos activos fueran puestos a la venta.
“La intención es que sigan con su estatus público luego de su venta. Tomamos en cuenta la evaluación que hizo el Gobierno pasado a través de una firma privada. Estamos analizando nuevamente el contenido y en un mes llegaremos a una conclusión de cuales son las electrificadoras en las que se enajenaría la participación de la Nación”, resaltó el viceministro Guevara.
El análisis al que hace referencia el funcionario es que realizó la firma Inverlink al Ministerio de Hacienda, cuando el jefe de la cartera era Alberto Carrasquilla.
Tanto EPM, como el GEB, no se pronunciarán sobre la oferta del ministro Ocampo para que adquieran las electrificadoras que ofertará la Nación ya que no hay una propuesta formal y oficial. Sin embargo al consultar el tema con analistas del sector eléctrico, afirmaron que se debe analizar el tope permitido para la transmisión de energía, el cual hoy es del 35%
“Estos dos conglomerados deben tener casi al tope su participación en el negocio de transmisión, más EPM, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno anterior el nivel de participación se subió al 35% para que pudiera entrar en la operación que dejó Electricaribe”, explicó Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas generadoras (Andeg).
El analista y líder gremial indicó además que si la intención del Gobierno es solo venderle las electrificadoras a estos dos conglomerados, “una de las fórmulas sería elevar el tope de participación en transmisión a un 40% 0 45%”.
Sin embargo, hay un tercero que entra en escena con un interés por adquirir una o varias electrificadoras que ofertaría el Gobierno, y son las Empresas Municipales de Cali (Emcali) quien manifestó, una vez el ministro Ocampo hizo el anuncio, su interés de adquisición.
“Emcali ya ha realizado ofertas de adquisición y aún sigue interesada en comprar estas electrificadoras. Esta operación potencializaría la responsabilidad pública sobre activos estratégicos”, afirmó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.
La venta de varias de las empresas del sector eléctrico, como es el caso de las electrificadoras, no es un tema nuevo que aborda el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, porque desde administraciones anteriores se han dado grandes pasos en ese sentido, ya que tienen estudios finalizados con miras a una posible venta como fueron los casos de Gecelca y Urrá que contrataron en el 2006 una banca de inversión para tal fin, y que no se ejecutó por coyuntura. En el mismo proceso estuvieron las electrificadoras de Nariño, Caquetá, Meta y Huila
