De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad del Rosario, el 73 % de las personas vieron una disminución de sus ingresos a causa de la pandemia, razón por la cual han surgido nuevas propuestas sobre cómo abordar esta situación para pasar la emergencia de la manera más llevadera posible, por lo menos desde lo económico.
Entre los caminos estudiados y propuestos para mitigar los impactos al bolsillo a partir esta situación, los fondos de pensiones han hecho parte del debate. Así, en Colombia se han impartido normativas como el Decreto 588 de 2020, por medio del cual se estableció una reducción opcional de aporte al 3 % al Sistema General de Pensiones, que fue bien visto para el 72,7 % de los cotizantes a cierre de mayo, según la Superintendencia Financiera, aunque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional el pasado 23 de julio.
Este ahorro no solo ha sido de atención en Colombia, sino en América Latina. Por ejemplo, Chile ya abrió la posibilidad de hacer un retiro; según registró la Agencia Efe, en dicho país está permitido, por la contingencia, sacar hasta el 10 % de los ahorros, con lo que 10.950.692 de personas tendrían esta alternativa ante una eventual necesidad (ver Paréntesis).
Además de este caso, en Perú también se vio una corriente similar de cara a la emergencia, en la que se dio pie a que se hiciera uso de un tope de este dinero, buscando solventar las necesidades.
Ahora, entre las propuestas más recientes en Colombia se encuentra la del representante a la Cámara del Partido Liberal, Harry González, quien plantea la posibilidad de abrir parcialmente el retiro de estos ahorros, a causa del virus, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que la caída en la economía del país podría ser de 5,5 %, de acuerdo con las cuentas del Ministerio de Hacienda y de entre 6 % y 10 %, según el Banco de la República.
La idea
González explicó a EL COLOMBIANO que “la motivación que hemos tenido es que hay un amplio sector de la población nacional que está teniendo muchas dificultades económicas y no han recibido apoyos de parte del Gobierno Nacional, principalmente personas que realizan actividades económicas independientes, familias con pobreza oculta y segmentos vulnerables que no están en los programas que se han planteado”.
Con esto, el congresista resaltó que lo que se puso sobre la mesa es que los integrantes de fondos privados sean los únicos que puedan hacer ese procedimiento. Eso sí, se apunta hacia quienes aparezcan registrados como “afiliados no activos”, es decir, aquellos que sí hacen parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, pero que no han podido cotizar.
En total, de acuerdo con las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera, el país cuenta con 23.568.279 afiliados, de los cuales 16.712.321 pertenecen al Régimen de Ahorro Individual Solidario (Rais), es decir a la iniciativa privada; y 6.855.958 integran el Régimen de Prima Media (RPM), que es el de carácter público.
De hecho, la Superfinanciera también reflejó en su último reporte, el cual corresponde a mayo, que solamente había 8.567.976 cotizantes, es decir, personas que hicieron pagos en el mes reportado. La distribución en este caso fue de 6.043.943 ciudadanos provenientes del Rais y de otras 2.524.033 RPM.
“La afectación del mercado laboral por cuenta de la ralentización de la actividad económica se ha traducido en una desaceleración sistemática en el número de afiliados nuevos en los meses posteriores a la declaratoria de emergencia sanitaria”, aclaró la autoridad, especificando que “en particular, mientras que entre enero y febrero se registraron 105.780 nuevos afiliados, en marzo y abril esta cifra disminuyó hasta 60.545 y 11.181, respectivamente. Por su parte, en mayo ingresaron 1.586, situación que coincide con el incremento del desempleo hasta máximos históricos”.
Sector dice no
Sin embargo, no ha sido una propuesta bien recibida por las Administradoras de Fondos de Pensiones, puesto que perciben que esta decisión podría traer más problemas a futuro de los que soluciona ahora.
Juan David Correa, presidente de Protección, manifestó que “frente a cualquier conversación que se abra alrededor de la posibilidad de permitir retirar una porción del ahorro pensional, la responsabilidad que tenemos todos es de tener una visión de largo plazo y proteger el ahorro de los colombianos, pues es este un seguro que nos garantizará tener bienestar en el futuro”.
De la misma manera, Asofondos, el gremio que agrupa a las cuatro administradoras privadas (Skandia, Protección, Porvenir y Colfondos), en voz de su presidente, Santiago Montenegro, manifestó que “hay que pensar en otras formas de ayudarle a la gente además de los programas que implementó el Gobierno”.
Entre los motivos, según detalló el expresidente de Colpensiones y actual director de Econometría Consultores, Mauricio Olivera, se encuentra la propia forma de ser de las personas. “Un Premio Nobel que se llama Richard Taller mostró que nosotros los seres humanos no actuamos tan racionalmente como creemos hacerlo. De hecho, si fuésemos racionales, los sistemas de pensiones no existirían, porque sabríamos que en algún momento estaríamos viejos, sin energía, y por eso ahorraríamos”, manifestó Olivera.
En este sentido, Montenegro señaló que no se puede decir que se quiere ayudar con la propia plata de quienes lo necesitan. “Eso es decir, pan hoy pero hambre mañana (...) pan hoy, pero te quedas sin ingresos durante la vejez”.
El representante González no desconoce que sí se generaría un impacto en la futura pensión en el dado caso en el que se aprueben estos retiros. Pero destaca que se estableció un “máximo racional”, que es el 10 % de lo ahorrado.
De la misma manera, ahondó en que “millones de colombianos han aportado a esos fondos y no se van a pensionar, pero la legislación actual les permite retirar el dinero solo cuando cumplen con la edad”.
Las cesantías
“Esta es una crisis inesperada. No es culpa de nadie, pero está afectando a todos y lo preferible es que sea el Estado el que ayude”, señaló Olivera, de Econometría.
Bajo este contexto, tanto Montenegro como Correa plantean que desde estas administradoras se ha abierto una posibilidad diferente ante la crisis, teniendo en cuenta los esquemas de ahorro del país.
“Consideramos que los recursos disponibles para que la población pueda tener una mayor tranquilidad y liquidez en estos periodos difíciles son las cesantías, prestación social que justamente tiene el propósito de respaldar a los trabajadores en momentos coyunturales como el actual”, indicó Correa.
Montenegro añadió que ante esta situación el verdadero “seguro de desempleo” son precisamente las cesantías y que allí se acumulan aproximadamente 16 billones de pesos que pueden ser facilitados durante la emergencia en la medida en la que los ciudadanos vayan necesitándolo.
En este orden de ideas, a causa de la contingencia, el Gobierno permitió que los trabajadores hagan uso de esta herramienta para compensar la disminución de sus ingresos mensuales durante el período de la Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Tras esta decisión, las estadísticas de la Superfinanciera mostraron que el 9 % del total de retiros referentes a este ahorro obedeció a una caída en los ingresos. Esto representa 255.487 millones de pesos, que fueron solicitados por 299.818 personas.
Por otra parte, el motivo más común por el cual se hizo el retiro de este ahorro está relacionado con la terminación de contrato, puesto que respondió por 33,8 % de los casos entre marzo y julio, con un total de 720.612 personas que hicieron el procedimiento, que en plata blanca significó 961.052 millones de pesos.
Mientras el retiro de cesantías se presentan como una alternativa momentánea, el debate de fondo sobre pensiones está abierto y por ahora da sus pasos iniciales.
23,56
millones de afiliados al régimen pensional hay en el país: Superfinanciera.
10 %
de retiro del ahorro pensional es lo que busca permitirse en el Congreso.
