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“El Plan acató las sugerencias de todos los sectores”: Alonso
El ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ plantea inversiones por $1.096,1 billones.
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La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, resaltó que el emprendimiento y la educación de los jóvenes es una de las grandes apuestas. FOTO Colprensa
29 de abril de 2019
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Uno de los debates de la agenda de esta semana en el Congreso debería ser el del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la carta de navegación del Gobierno actual, el cual ya cumplió con su primera cita en las Comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, y ahora es el turno de las Plenarias (ver Claves).
El Plan de la “inclusión productiva” como lo definió Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación (entidad que pertenece al Ejecutivo y otorga al Gobierno información técnica para la toma de decisiones), tiene entre sus propuestas un paquete de inversiones por 1.096,1 billones de pesos que se distribuirán en el territorio en los diferentes sectores de la economía, que esperan llevar a crecer a 4,5 % el PIB en cuatro años. Sin embargo, hay sectores que aún no se ven visibilizados. EL COLOMBIANO habló con Alonso sobre la apuesta del Plan y el impacto que tendrá en las regiones.
¿Qué respuesta hay para los sectores que se movilizaron en contra?
Ante todo, es importante destacar que este Gobierno es uno que dialoga, en esa línea se ha construido el Plan. Cuando los estudiantes se fueron a paro a finales del año pasado, se estableció una mesa de trabajo para sacar adelante los acuerdos y que quedaran plasmados en el articulado. Han sido más de tres meses de seguimiento con los estudiantes y maestros para que sus peticiones fueran visibilizadas. Con los trabajadores también hubo una discusión inicial en la mesa de concertación del salario mínimo en donde se escucharon sus propuestas y se incluyeron.
A los textileros locales se les protegerá su producción al mantener el arancel de las importaciones de prendas de vestir, a los arroceros se les crecerán sus ventas internas por la exención del IVA. Así que es muy complejo porque es muy difícil atender todas las necesidades e intereses.
La Constitución permite el derecho a la protesta, pero como tenemos derechos, tenemos deberes. Acá es importante entender eso. El Plan acató todas las sugerencias de los estudiantes, de los indígenas, de las comunidades étnicas, de los sectores productivos; todos tienen una posición frente al Plan. Ya es tarea del Congreso discutirlas y priorizarlas.
¿En qué se diferencia frente a Planes anteriores?
Inicialmente, su concepción. Se dispuso una plataforma digital en la que recibimos propuestas, realizamos varios talleres en regiones en los que acogimos la visión que venía de los territorios. Una de las grandes apuestas acá es la equidad, programas asistenciales, que cuentan con 510,1 billones de pesos y en los que mandatos anteriores se han quedado cortos. Un ejemplo: el programa de familias en acción, todos lo han tenido, porque está demostrado que es un buen instrumento para ayudar a cerrar esas brechas sociales. Sin embargo, en este plan no solo está incluido, sino que nos preocupamos por la inclusión productiva. ¿A qué voy? en el ejemplo de familias en acción, el grupo recibe un subsidio porque tienen niños en edad escolar. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el niño sale del colegio, el Estado deja de girar el subsidio, por eso las familias tratan de mantenerse ‘coladas’ en el sistema, porque no tienen otras fuentes de generación de ingresos.
Eso hasta ahí es inclusión social, pero no maneja el problema de manera estructural. Nuestra apuesta es a largo plazo. Decimos sí a la inclusión social, pero también la inclusión productiva.
¿En qué propuestas se ve reflejada esa visión?
Por ejemplo, la extensión del programa de colegios, no solo en la jornada única, sino que haya doble titulación para que cuando terminen la edad escolar salgan con doble grado y con una formación técnica y tecnológica, que les permita acceder al mercado laboral o emprender. Jóvenes en acción, un programa que hoy tiene a 100.000 beneficiarios, queremos llevarlo a 500.000. Lo que hace este programa es darle herramientas técnicas, no soltarlos, sino acompañarlos. A eso lo llamamos inclusión productiva. Con esto queremos bajar la tasa de informalidad que llega al 60 % y generar 1,6 millones de empleos.
¿Cómo llegar efectivamente a las regiones?
Como Estado tenemos que reconocer que existen brechas regionales. Hay unas regiones que requieren una atención distinta del Estado. Como ejemplo: en el Pacífico nuestros programas sociales son distintos a los del Eje Cafetero, porque las necesidades son diferentes. Los programas de educación y capacitación deben ser diferenciados, así como la asistencia en salud, educación e inversión en infraestructura.
Así que tenemos que ser estratégicos y coordinados entre todos los gobiernos (nacional y locales) para que seamos eficientes. El país está conectado pero las regiones no, necesitamos hacer la inversión física en infraestructura rural: construir las carreteras que necesita el país para sacar sus productos de las zonas agrícolas y que los sectores se conecten. En esa visión regional, aprovechar la asociatividad y la economía circular, que se puede dar en una misma región.
¿En qué consiste la asociatividad?
Es un mecanismo que busca fomentar el desarrollo de cadenas productivas entre la unión de empresarios pyme que generen una cadena de valor agregado y permitan mayor innovación.
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