Faltan tres semanas para que termine el gobierno de Gustavo Petro. Y en esa cuenta regresiva, el Ministerio de Ambiente sacó de la manga una decisión que cambia las reglas del juego para el páramo de Santurbán, la fábrica de agua que surte a más de 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander.
La ministra, Irene Vélez Torres, anunció, en un video y en un comunicado, la expedición de la Resolución 863 de 2026. El documento adopta una “metodología nacional de delimitación progresiva” para los procesos de delimitación de páramos en Colombia.
En otras palabras, en lugar de esperar a que los 40 municipios con influencia en Santurbán terminen de ponerse de acuerdo, el Gobierno delimitará por partes, empezando por los que ya cerraron su negociación.
Según la ministra, la fórmula sirve para “avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales, permitiendo que los territorios donde ya culminó el proceso participativo avancen hacia la delimitación, mientras continúan el diálogo y las etapas pendientes en los demás sectores”.
Como lo expuso Vanguardia, lo que el comunicado no explica es por qué ese cambio de método llega justo cuando al Gobierno le quedan tres semanas de vida.
La contradicción: lo mismo que en 2023 llamó “inviable”
Cabe recordar que, en febrero de 2023, con apenas seis meses de gobierno, el propio Ministerio de Ambiente le dijo al Tribunal Administrativo de Santander que una delimitación parcial o progresiva “era inviable”.
La cartera la descartó jurídicamente en ese momento. Ese pronunciamiento no fue un comentario cualquiera, ya que ocurrió dentro de un incidente de desacato que todavía cursa contra el Ministerio por los retrasos en cumplir la orden de la Corte Constitucional sobre Santurbán.
Es decir, el mismo Gobierno que hoy defiende la delimitación progresiva como la salida legal, hace tres años la descartó ante un juez por considerarla contraria a derecho. Tres años y cinco meses después, con el reloj corriendo, la posición cambió por completo.
De dónde viene el pleito: la orden que lleva nueve años sin cumplirse
Para entender por qué esto importa hay que devolverse al 2014, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos delimitó el páramo de Santurbán mediante la Resolución 2090.
En ese momento, ambientalistas, mineros y campesinos protestaron por igual, unos porque la consideraban insuficiente, otros porque las restringía de sus actividades sin consultarlos.
La Corte Constitucional le dio la razón a las comunidades y el 25 de mayo de 2017, mediante la Sentencia T-361, tumbó esa delimitación por no haber garantizado una participación ciudadana efectiva.
Por eso, ese año la Corte, le ordenó al Ministerio de Ambiente hacer un nuevo trazado, esta vez concertado municipio por municipio con los 40 que tienen influencia sobre el páramo.
Durante el gobierno de Iván Duque se avanzó en mesas de concertación y se presentó una propuesta integrada, pero terminó el periodo sin resolución final.
y con la llegada de Petro en 2022 se retomaron los diálogos entre 2023 y 2026. El resultado, nueve años después del fallo, sigue siendo el mismo, la delimitación definitiva no existe. Y ahora, a última hora, el Gobierno decide fraccionarla.
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Cuáles municipios quedan delimitados y cuáles se quedan por fuera
La propuesta del Ministerio busca delimitar de manera progresiva 29.199,44 hectáreas en 19 municipios de Santander y Norte de Santander que ya cerraron la concertación de los seis temas que exige la Corte Constitucional.
A esos se suman otros nueve municipios que se benefician del recurso hídrico, incorporados para coordinar la protección de las fuentes de agua y su vigilancia.
En Santander, los municipios que el Ministerio da por concertados son Vetas, Matanza, El Playón, Charta, Piedecuesta, Santa Bárbara, Guaca, California, Suratá, Floridablanca y Girón. Tona y Bucaramanga, en cambio, todavía no cierran el proceso y quedarían por fuera de esta primera fase.
El Ministerio de Ambiente insiste en que las zonas que aún no entran en la delimitación progresiva conservan las medidas de protección vigentes mientras avanza la concertación pendiente.
Los otros dos proyectos: blindar el agua mientras se define el resto
La delimitación progresiva también llega con otros dos proyecto, según MinAmbiente. La ministra Vélez explicó que se puso en consulta pública otras dos resoluciones, pensadas como parte de una misma estrategia de protección del sistema hídrico de Santurbán.
La primera declara una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California. La medida se apoya en estudios del Servicio Geológico Colombiano y del IDEAM, que muestran que el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas funcionan como un solo sistema.
Esta reserva cierra la puerta a nuevos contratos, autorizaciones y licencias de mediana y gran minería en ese polígono, aunque no toca las situaciones jurídicas ya consolidadas.
La segunda actualiza y prorroga la reserva temporal declarada en 2025, que pasaría de su extensión actual a 75.432,42 hectáreas, tras sumar unas 88 hectáreas de trámites mineros cuyo estado jurídico cambió recientemente.
Su vigencia se extendería hasta el 4 de marzo de 2029, mientras terminan los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos necesarios para una decisión definitiva.
Qué pasa con la pequeña minería tradicional y las comunidades de la zona
La ministra Vélez enfatizó en que “la pequeña minería tradicional no queda automáticamente prohibida por estas medidas. En las zonas de páramo la minería sigue vetada por ley, sin excepción”.
Pero, según la funcionario, dentro de las reservas propuestas, los procesos de formalización de pequeña escala que ya están en curso pueden continuar, siempre que pasen la evaluación ambiental y demuestren que no ponen en riesgo el sistema hídrico.
La funcionaria diferenció tres situaciones: las que ya están jurídicamente consolidadas, los procesos de formalización en marcha y la minería de pequeña escala con arraigo comunitario. Frente a la minería ilegal o ligada a grupos armados, dijo que “la responsabilidad recae en otras autoridades”, no en su cartera.
La reacción en las comunidades del páramo no se hizo esperar, ya que más de 20 organizaciones campesinas, 136 juntas de acción comunal y siete asociaciones de pequeña minería de la provincia de Soto Norte, en Santander, advirtieron que “si el Ministerio expide una resolución parcial pedirán su nulidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Estas organizaciones recordaron, con nombre propio, el pronunciamiento de 2023 en el que el mismo Ministerio calificó de inviable la implementación parcial de los acuerdos de concertación.
Para ellas, la propuesta de la ministra Vélez contradice directamente lo que ordenó la Corte Constitucional, porque deja por fuera del acto administrativo definitivo a municipios que todavía no terminan su proceso de participación, varios de ellos afectados de manera directa por la nueva línea del páramo.
Asimismo, las comunidades adelantaron, como lo expuso Vanguardia, que pedirán a las autoridades investigar posibles responsabilidades disciplinarias y penales, entre ellas “un eventual fraude a resolución judicial, prevaricato, abuso de autoridad y extralimitación de funciones”.
En contexto: Procuraduría y Defensoría denuncian incumplimiento en delimitación del páramo Santurbán
El otro frente: minería ilegal a 3.400 metros de altura
Mientras se discute el futuro jurídico del páramo, una investigación de Vanguardia reveló la existencia de minas ilegales de oro a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de Santurbán.
La ministra Vélez Torres no se refirió de manera directa a ese hallazgo, pero sí dejó su posición sobre a quién le corresponde actuar. Según la funcionaria, las alcaldías son las primeras responsables de controlar la minería ilegal y cerrar los frentes que operan sin permiso.
“Cuando no puedan hacerlo solas deberán pedir apoyo al Ministerio de Defensa”, dijo.
Como lo contó Vanguardia: la respuesta deja ver que, para el Gobierno, la vigilancia de la minería ilegal en el páramo no es un asunto que resuelva la delimitación, sino la fuerza pública y las autoridades locales.
Por lo tanto, los tres proyectos de resolución, la delimitación progresiva, la reserva definitiva de La Baja y la prórroga de la reserva temporal, quedaron publicados para comentarios de la ciudadanía entre el 14 y el 29 de julio de 2026. El Ministerio se comprometió a analizar y responder cada observación antes de adoptar las decisiones finales.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué municipios de Santander ya completaron la concertación y entrarán en la delimitación progresiva?
- Once municipios santandereanos ya cerraron la negociación de los seis temas exigidos por la Corte Constitucional: Vetas, Matanza, El Playón, Charta, Piedecuesta, Santa Bárbara, Guaca, California, Suratá, Floridablanca y Girón. La resolución habla de 19 municipios en total entre Santander y Norte de Santander, pero el documento solo identifica por nombre a los de Santander.
- ¿Se puede hacer minería en el páramo de Santurbán después de esta resolución?
- No. La minería sigue prohibida por ley en las zonas declaradas páramo, sin excepción alguna, según lo confirmó la ministra Irene Vélez Torres. La diferencia está en las reservas complementarias, donde sí pueden continuar procesos de formalización de pequeña minería que ya estaban en curso, siempre que pasen la evaluación ambiental.
- ¿Qué ordenó la Sentencia T-361 de 2017 sobre el páramo de Santurbán?
- La Corte Constitucional, mediante esa sentencia del 25 de mayo de 2017, dejó sin efectos la delimitación de 2014 por no haber garantizado una participación ciudadana efectiva. Ordenó al Ministerio de Ambiente hacer una nueva delimitación concertada con los 40 municipios de Santander y Norte de Santander que tienen influencia sobre el páramo.
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