La disputa por el futuro de Comfenalco Antioquia escaló a los estrados judiciales. Este miércoles 29 de julio, la Alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, interpuso una acción de tutela con solicitud de medida cautelar para frenar el proceso con el que la Superintendencia del Subsidio Familiar busca levantar la intervención administrativa total que mantiene sobre la caja de compensación desde septiembre de 2023.
La acción judicial busca suspender de manera inmediata los efectos de la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia inició el procedimiento para desmontar la intervención, y detener todas las actuaciones derivadas de esa decisión, incluida la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados convocada para el próximo 5 de agosto, en la que se elegirían los representantes de los empleadores al Consejo Directivo.
La tutela fue presentada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, representado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, a través del abogado David Salazar Ochoa.
Fico acusa al Gobierno Petro de querer quedarse con Comfenalco
Tras la radicación de la tutela, el alcalde Federico Gutiérrez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó duramente al Gobierno Nacional. “Petro se quiere tomar a Comfenalco Antioquia antes de irse, para dejar atornillada la junta directiva y el gerente. No lo vamos a permitir”, afirmó.
El mandatario agregó que la Alcaldía, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, el sector empresarial y cientos de ciudadanos, acudió a la justicia para defender la caja de compensación.
Además, pidió que la Procuraduría General de la Nación mantenga una vigilancia estricta sobre el proceso y lanzó un mensaje a los funcionarios del Gobierno Nacional.
“Al presidente Petro podrá no importarle violar la ley, pero a sus ministros y funcionarios les hago un llamado: no se presten para actuaciones ilegales. Cumplan la Constitución y la ley”, manifestó.
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La controversia estalla tras la expedición de la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026, mediante la cual la Superintendencia ordenó iniciar el procedimiento para levantar la intervención administrativa total que pesaba sobre la caja desde septiembre de 2023.
Lo que llama la atención de los expertos y del propio Distrito es que apenas en abril de 2026, la misma entidad había prorrogado la intervención por 12 meses adicionales, asegurando que los riesgos para la caja no solo persistían, sino que se habían agudizado.
En aquel momento, la autoridad fue contundente al declarar la “improcedencia del levantamiento de la medida”, basándose en pérdidas acumuladas en el programa de vivienda superiores a los $54.873 millones y un pasivo litigioso que sobrepasa los $60.000 millones.
Sin embargo, solo 90 días después, la postura cambió a tanto solo unas semanas del cambio del gobierno de Petro a De la Espriella.
¿Qué busca la tutela presentada por la Alcaldía?
En el documento radicado ante la justicia, el Distrito solicita que, mientras acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sean protegidos los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la seguridad social, que considera vulnerados por las actuaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
El equipo jurídico de la Alcaldía argumenta que la Superintendencia incurrió en un defecto procedimental grave al saltarse los pasos establecidos en la Resolución 0629 de 2018 para el levantamiento de intervenciones.
Alegan que se omitió la recomendación obligatoria del Grupo de Medidas Especiales y la convocatoria del Comité de Dirección Institucional, basándose únicamente en la recomendación del Agente Especial de Intervención.
Otro punto es el efecto del recurso de reposición interpuesto por el Distrito el pasado 27 de julio. Mientras la Superintendencia dice que el recurso no suspende la orden (efecto devolutivo), la Alcaldía sostiene que, por ley, debería tener un efecto suspensivo, lo que obligaría a frenar cualquier actuación hasta que se resuelva la queja de fondo.
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Así las cosas, la acción de tutela plantea varias solicitudes centrales ante el juez. Por ejemplo, tutelar de manera transitoria los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.
A su vez, suspender provisionalmente los efectos de la Resolución 0563 de 2026 y todas las actuaciones derivadas de ella hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa decida sobre una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Y ordenar que el Agente Especial deje sin efectos la convocatoria de la Asamblea General de Afiliados para elegir el nuevo Consejo Directivo y se abstenga de adelantar cualquier actuación relacionada con la conformación de ese órgano mientras persistan las causas que originaron la intervención.
De manera adicional, la Alcaldía solicitó una medida provisional para que, desde la admisión de la tutela, el juez suspenda inmediatamente la resolución expedida por la Superintendencia y congele el proceso de elección del Consejo Directivo hasta que exista una decisión de fondo.
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Los hallazgos que, según la tutela, siguen sin resolverse
La demanda también expone que varias actividades críticas del Plan de Mejoramiento presentan un avance del 0%.
Entre los aspectos señalados aparecen la determinación técnica de las afectaciones a los recursos del 4%, FOVIS y FOSFEC. Así como la reconstrucción de la ruta de pagos judiciales relacionados con sentencias en salud.
Asimismo, la implementación del Manual de Prevención del Riesgo Antijurídico; y las gestiones ante la Contraloría y la Procuraduría por presuntas irregularidades.
Además, el Distrito asegura que todavía no existe claridad sobre el destino de $10.000 millones cedidos irregularmente en 2021 a la sociedad Mandato Salud S.A.S.
Tampoco, según la tutela, se ha explicado plenamente la situación del remanente de $45.403,5 millones relacionado con el lote B Parque Los Encuentros, cuyo avalúo total se acerca a los $90.000 millones.
Alerta por la Asamblea del 5 de agosto: el riesgo de un perjuicio irremediable
La urgencia de la tutela radica en la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados programada para este 5 de agosto de 2026.
En este evento se pretende elegir al nuevo Consejo Directivo que retomaría el control de la caja. Por eso, el Distrito advierte que permitir esta elección sin haber saneado las causas de la intervención pondría en riesgo inminente los recursos destinados a la población más vulnerable, como las madres cabeza de familia y trabajadores de menores ingresos.
Incluso la Procuraduría General de la Nación ya emitió observaciones advirtiendo que se están ejecutando órdenes sin que el acto administrativo esté en firme.
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