Para finales de año se espera que esté listo el informe motivado de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con las recomendaciones de sanción al presunto acuerdo ilegal de precios en el servicio público de practicaje en los puertos de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Turbo.
Esta actividad se refiere a la asistencia de grandes buques por parte de embarcaciones pequeñas para evitar que encallen y facilitar el cargue y descargue de mercancías. Tal servicio es autorizado y controlado por la Dirección General Marítima (Dimar).
Ayer la SIC reportó que mediante la Resolución 36503, del 9 de junio pasado, elevó pliego de cargos contra ocho empresas y dos gremios de practicaje, así como 11 directivos vinculados a estas compañías y asociaciones.
“Habrían acordado el cobro de una tarifa adicional equivalente al 20 % del valor de cada maniobra” durante una reunión gremial del 25 de enero de 2012, indicó en un comunicado la entidad.
La investigación de un posible acuerdo anticompetitivo empezó a raíz de una queja de la Asociación Nacional de Navieros (Asonav), que reúne a las empresas que pagan por el servicio de practicaje.
Las empresas investigadas son Servicios de Pilotaje de Buenaventura, Pilotos Prácticos del Pacífico, Operadores Fluviales y Marítimos Río & Mar, Pilotos del Puerto de Barranquilla, Servicios Técnicos Marítimos, Pilotos Marcaribe, Prácticos y Marítimos Pracymar y Bauprés. Asimismo, se elevaron cargos contra la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos (Anpra) y la Asociación Colombiana de Practicaje (Aceprac).
Si el proceso administrativo de la SIC termina en sanción, se pueden imponer multas de hasta 100 mil salarios mínimos (68.945 millones de pesos, en 2016) para las empresas y de hasta dos mil salarios mínimos (1.379 millones) para personas.
Cabe recordar que la SIC ya sancionó la cartelización de ingenios (azúcar) y fabricantes de papel higiénico. Está pendiente la decisión final de los presuntos carteles de cuadernos y de pañales. Se preparan informes motivados por posibles acuerdos ilegales entre empresas de seguridad privada, cementeras y subastas ganaderas. También se investiga diez sectores de productos de consumo masivo.
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