La decisión del presidente Gustavo Petro sobre reasumir temporalmente las funciones de regulación de servicios públicos y de la Creg, que quedó consignada en el decreto 227 de 2023, sigue levantando ampolla.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a una carta enviada al Gobierno por parte los principales gremios del sector energético como Andeg, Acolgén, Andesco, Naturgas, e incluso la Andi a través de su vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía, –y varios más– en la que hacen varios llamados sobre la situación.
“El sector energético busca generar un acuerdo sobre los principios básicos estructurales para fortalecer el servicio de energía, el desarrollo de su infraestructura, y el marco de funcionamiento regulatorio y de mercado sobre los cuales se desarrollan las actividades que permiten su sostenibilidad en bien del país y los usuarios”, indican.
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Así, el documento, dirigido a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, propone 10 principios para evitar un mayor retraso de inversiones que ponga en riesgo el abastecimiento eléctrico y de gas en el país, entre otros aspectos.
El primer principio, asegura, debe ser el “respeto por la libertad de empresa y la participación de capital público, privado, y mixto en el desarrollo del sector, propendiendo siempre por un libre mercado con franca competencia”.
En una línea similar, el segundo llamado es a respetar “la institucionalidad y la independencia de las funciones establecidas para cada una de las entidades que conforman nuestro sector”.
Igualmente, los gremios llaman a impulsar los procesos de exploración de hidrocarburos y combustibles fósiles que soportan la demanda energética del país, y piden estabilidad jurídica para la inversión.
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También mencionan la universalidad de los servicios energéticos esenciales; eficiencia tarifaria en estos; confiabilidad y calidad en su prestación; y suficiencia financiera para los prestadores.
“Esperamos que el Gobierno, de manera amplia y ecuánime, desarrolle los anteriores principios para bien de país, en un contexto en el que los prestadores y los usuarios logren una modernización sectorial que construya sobre lo construido, garantice la suficiencia y autosostenibilidad del suministro y permita tarifas eficientes, que reflejen los esfuerzos requeridos para construir confiabilidad y seguridad”, concluye la carta.
