En la madrugada del pasado viernes la densa humareda y olor a ceniza anunciaron a los pobladores de Barranquilla el séptimo incendio del año en el Parque Isla de Salamanca y el número 80 desde 2013. Hasta ayer apenas se había apagado el 50% de la conflagración, dejando 150 hectáreas afectadas.
Comenzó como casi siempre: juncales con una alta capacidad de combustión que llevaron las llamas al bosque de manglar y allí la arquitectura del suelo hizo que el incendio se volviera subterráneo.
Eso sin contar con los varios focos activos, el complejo acceso, los fuertes vientos, y, para colmo, esta vez, la avería del bambi bucket de la Fuerza Aérea (artefacto con el que vierten hasta 660 galones de agua); retrasó la labor.
Sin embargo, hay algo revelante más allá del incendio: Justo el día en que comenzó a arder, la Corte Suprema de Justicia declaró a Isla Salamanca como sujeto de derechos.
Esta área es un conglomerado de pequeñas islas comunicadas por canales, con humedales y manglares, que integran el sistema Delta Estuarino del Río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, al frente de Barranquilla.
En 1998 fueron declarados como sitios Ramsar de importancia internacional y en 2000, como reserva de la Biosfera, por parte de la Unesco (son 701 en el planeta). Integra además el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Tras años de deforestación, degradación, quemas por acción humana en busca de explotación ilegal como la extracción de carbón vegetal o caza de animales, la Corte Suprema declaró justo el viernes al área “como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”, según detalla Juan Pablo Sarmiento, director del Grupo de Litigio, conformado por estudiantes y docentes de la Universidad del Norte, y el cual radicó la tutela en febrero de 2019.
Así las cosas el Gobierno tendrá cinco meses para definir un plan que acabe con la deforestación, salvaguarde el ecosistema y garantice el bienestar de la población alrededor de la zona, esta tarea será competencia también de Parques Nacionales y autoridades del Magdalena.
Para Sandra Vilardy, doctora en Ecología y directora de la red Parques Cómo Vamos, el fallo “refleja la necesidad de la sociedad civil de buscar mecanismos jurídico y litigios estratégicos para que las acciones del gobierno y de las instituciones funcionen, pero muestra la falta de articulación y acción real de las entidades del Estado”.
Basta con decir que luego de dos décadas de haber sido incluido como el primer humedal del país con importancia internacional, el Estado no ha generado el instrumento básico de gestión, que es el plan de manejo.
Se pensaría que los cinco fallos que han declarado hasta ahora ecosistemas del país como sujetos de derecho (ver informe) solventarían efectivamente estas deudas. Sin embargo, lo que más le preocupa a Vilardy es que “no hay capacidad humana y tampoco financiera para generar unas articulaciones suficientes en los territorios”.
