A pocos meses de que se completen cinco años de investigaciones y procesos judiciales que ya han resultado incluso en condenas, la audiencia de acusación contra el exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín todavía no se realiza.
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En una accidentada sesión que duró poco más de 30 minutos y a la que ni siquiera se conectó virtualmente Bedoya, dicha audiencia fue reprogramada para dentro de un mes (7 de octubre), en un aplazamiento que dejó el sinsabor de que el caso pueda estarse dilatando innecesariamente y que se avecine el riesgo de que prescriban los delitos de los que es señalado el político antioqueño desde 2019.
Las razones del aplazamiento estuvieron en dos hechos atípicos. Por un lado, la renuncia del abogado de Bedoya, el exfiscal general Jorge Fernando Perdomo Torres, y una solicitud formulada a la Fiscalía por parte de la Procuraduría para que consulte si el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Educación estarían interesados en constituirse cómo víctimas del proceso, pese a que este ya viene avanzando sin ellos desde hace largo tiempo.
Para acabar de ajustar, el fiscal enfrente del caso, Fernando Arias, —el mismo que pidió precluirlo y que en mayo pasado fue señalado por la Universidad de Medellín de estar retrasado la radicación del escrito de acusación— anticipó que cuando se realice la próxima audiencia estará de vacaciones.
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La situación generó incluso reparos en la juez que ahora lleva el caso, quien pese a avalar las consultas que deberá hacer la Fiscalía y el cambio de defensor, advirtió no estar dispuesta a que se efectúen maniobras dilatorias que puedan entorpecer el juicio.
Aludiendo directamente al equipo del exsenador, la togada apuntó que no permitiría que cada que se cambie un defensor quien llegue a reemplazarlo, pida más tiempo para estudiar el caso.
“El abogado que vaya a asumir debe estudiar el caso, por largo que sea. Es uno de los deberes que se tiene y se puede tornar en maniobras dilatorias. También (le pido) a la Fiscalía que evite pasarse por alto el reconocimiento de lo que tiene que ver con las víctimas y la preparación para las audiencias, porque esto también constituiría una dilación injustificada”, advirtió la juez.
Según se desprende del escrito de acusación que la Fiscalía ya radicó ante la justicia, cabe recordar que Bedoya será procesado por tres delitos: falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y fraude procesal, que estipulan penas que van desde los 16 meses a los nueve años de prisión.
Bajo esa óptica, y dado que la ley estipula que los delitos pueden prescribir si transcurre un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley, (nunca menos a cinco años), el reloj para un escenario de este tipo ya está corriendo.
Además de estos tiempos, otra arista que generó controversia fue que el abogado Juan David León, quien reemplazó a Perdomo, sin entrar en mayores detalles aludió a la posibilidad de que este eventualmente regresara al proceso más adelante pese a su renuncia, nuevamente abriendo el escenario de más tiempos.
Pese a que en la audiencia no se discutieron las razones de la renuncia de Perdomo, en una carta enviada previamente al Juzgado 19 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, el exvicefiscal explicó que daba un paso al costado por su intención de postularse para el cargo de procurador.
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“Esta decisión obedece a que me postulé a la convocatoria publicada por la Presidencia de la República para integrar la terna de la que el honorable Congreso de la República elegirá al próximo procurador general de la Nación”, se lee en la comunicación.
En medio del ajedrez político que ya se libra precisamente por el reemplazo de Margarita Cabello, en el que el exministro Luis Felipe Henao ya se convirtió en el primer candidato oficial, la aparición de Perdomo en esa lista de interesados generó controversia.
En su calidad de defensor, Perdomo no sólo se ha manifestado a favor de que el caso de Bedoya precluya, sino que se ha mantenido en que los delitos de los que se le acusan al político nacerían de una supuesta interpretación errada del reglamento de la universidad.
A pesar de estas lecturas, otras de las personas involucradas en el entramado, como el exrector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié, fue condenado a 70 meses de prisión luego de que el Tribunal Superior de Medellín revocara una sentencia de primera instancia que lo absolvía.
Hincapié fue hallado culpable del delito de falsedad ideológica en documento público y fue condenado en calidad de “autor doloso”, siendo no obstante cobijado con el beneficio de la casa por cárcel.
De igual forma, otros extrabajadores y exprofesores de la universidad como John Mario Ferrer Murillo, Julián Orlando Rendón Toro, Juan Carlos Hoyos Loaiza, Saúl Alonso Benítez Urrego, Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández Giraldo fueron también condenados por el mismo caso.
Según reposa en las sentencias ya proferidas, todos estos docentes han sido encontrados responsables de participar de alguna manera en la obtención del título de Bedoya, en la que de acuerdo con el escrito de acusación se habrían violado múltiples procesos y requisitos.
“(...) existió una alteración en varios de los trámites y soportes que sirvieron como sustento para la acreditación y cumplimiento de los requisitos para acceder al título de abogado, puntualmente, lo referido a los documentos de reingreso, los de presentación y aprobación de los exámenes de suficiencia, exámenes especiales y preparatorios”, sostuvo el ente, asegurando que para lograr dicho trato Bedoya presuntamente habría ofrecido apoyo electoral a la exconcejala liberal Aura Marleny Arcila, pareja entonces del rector Néstor Hincapié y quien trabajaba para ser reelecta en el Concejo de Medellín para un nuevo periodo.
