El primer caso tiene que ver con el contrato que se suscribió, en octubre de 2020, entre Metroparques y la Secretaría de Infraestructura, por $5.250 millones, para el manejo de zonas verdes, en el que, según la Fiscalía, Metroparques, por medio de invitación privada, “convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutó el contrato”. Por este contrato quedaron imputados dos exfuncionarios: la exsecretaria Natalia Urrego Arias y el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano.
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Urrego fue uno de los nombramientos más cuestionados en el gabinete original de Quintero en enero de 2020. La Veeduría Transparencia y Anticorrupción denunció en aquel momento que dicho nombramiento respondía al pago de favores políticos por parte de Quintero a los clanes del sur del Valle de Aburrá. Específicamente, Urrego es familiar del exalcalde del municipio de Itagüí, León Mario Bedoya, quien tuvo estrecho vínculo con Quintero hasta que hace unos meses decidió desmarcarse para buscar la alcaldía de su municipio.
El nepotismo en la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana quedó en evidencia desde ese entonces, pues no solo Urrego se quedó con la secretaría de Infraestructura, sino que su esposo, Julián Estrada Gaviria, recibió la jefatura de Movilidad del Área Metropolitana.
El otro exfuncionario imputado por este contrato es Jorge Enrique Liévano, un administrador de empresas y especialista en Gerencia de Mercadeo, a quien Quintero le entregó Metroparques en enero de 2020.
Liévano cambió el objeto social de Metroparques, lo que le permitió a la Alcaldía convertirla en un fortín de contratación. Hecha esta tarea, Liévano fue reemplazado por María Eugenia Domínguez, quien era la jefe de compras de Metroparques y quien se conocía con Liévano de vieja data, pues ambos trabajaron entre 2002 y 2012 en la empresa de papel Kimberly.
Domínguez, también administradora y especialista en gerencia, asumió la gerencia de Metroparques en abril de 2021. Desde entonces se conocieron decenas de testimonios de funcionarios de dicha entidad que señalaban que Domínguez convirtió en palabra sagrada cada orden que venía de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, que tenían que ver con destinación del presupuesto y temas contractuales.
Tanto Liévano como Domínguez están imputados por otro contrato, el de mantenimiento del Parque de las Aguas, en el que la Fiscalía encontró varias anomalías en tres contratos celebrados entre Metroparques y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, por $17.400 millones, para garantizar el mantenimiento y entrada en operación de dicho parque.
Según Barbosa, la Fiscalía estableció que Metroparques subcontrató con tres empresas, creadas entre 2019 y 2021, una de ellas dedicada a la comercialización de telas. Por este contrato también fue imputado el representante del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García, quien fue subdirector Financiero y Administrativo del Área y llegó al cargo en medio de decenas de denuncias y advertencias por nombramientos sin tener los perfiles idóneos.
En el tercer contrato, relacionado con apoyo logístico y que tuvo extrañas adiciones presupuestales que aumentaron su valor a $24.205 millones, también está metido Liévano, además de Diana Paola Toro Zuleta, entrenadora de baloncesto, a quien Quintero nombró directora del Inder en enero de 2020.
Desde 2003 Toro era una entrenadora de baloncesto que había trabajado en la Liga Antioqueña, Coldeportes y con el Inder de Envigado y Medellín. Mientras estuvo a cargo del Inder se conoció que Toro firmó al menos una docena de convenios interadministrativos con Metroparques que favorecieron a los hermanos del entonces secretario de Hacienda y hoy alcalde encargado, Óscar Hurtado. Todo esto, por orden directa de Johny Jaramillo, según las denuncias.
Y finalmente, en el cuarto contrato anunciado figuran nuevamente Alexandra Agudelo y Lina María Gil, exsecretaria de Educación y exdirectora de Buen Comienzo. A ambas la Fiscalía les añadió a las imputaciones que ya enfrentan otra por peculado por apropiación. Agudelo es uno de los alfiles de Albert Corredor, quien se adueñó durante estos cuatro años de la Secretaría de Educación. Agudelo hizo toda su carrera al lado de la familia Corredor y sus polémicas empresas educativas.
En cuanto a Gil, la exdirectora de Buen Comienzo, la alcaldía de Quintero decidió mantenerla en la administración a pesar de que ya estaba imputada por presunta corrupción mientras estuvo en Buen Comienzo. Gil terminó convertida en asesora de Diana Toro, a quien después de salir del Inder le dieron la dirección del Equipo de Personas Mayores Amautta, adscrita a la Secretaría de Inclusión, bajo el dominio de Juan Pablo Ramírez.
