Tras casi siete horas de diálogo entre la comunidad y las autoridades de Medellín, se llegó a un acuerdo para suspender de forma temporal los operativos para demoler 476 casas de este corregimiento que presentan irregularidades en su construcción y que continuarían hoy con la destrucción de otra vivienda.
Según le confirmaron algunas entidades presentes en el sitio a EL COLOMBIANO, de forma extraoficial, la suspensión se dará mientras se revisa el proceso y se dan las garantías para efectuarla de forma adecuada. La suspensión fue sellada con un abrazo entre la corregidora de Santa Elena y uno de los líderes de las manifestaciones.
Decenas de habitantes de Santa Elena volvieron a tomarse las calles de ese corregimiento en la mañana de este lunes para emprender una nueva jornada de protestas en contra de los operativos de demolición de casas emprendidos por el gobierno local.
Según había informado la Secretaría de Seguridad de Medellín, para este 29 de mayo estaba programado del derribo de una nueva vivienda, cuyo propietario aparece identificado como Inti Zegarrainti, un habitante que llegó al corregimiento en 1973 y que hace pocos años había construido una casa que quedó en la mira de las autoridades por tener problemas con sus permisos.
Desde muy temprano, los ciudadanos que se oponen a la demolición se congregaron en los alrededores de la casa de Zegarrainti portando pancartas y banderas y buscando impedir la ejecución de la orden.
Según informó la Secretaría de Seguridad, hacia las 10:30 de la mañana de este lunes en la zona hacían presencia agentes de la Policía Metropolitana y organismos como la Personería y la Defensoría del Pueblo, para entablar una mediación con los manifestantes y efectuar la orden de demolición.
Tal como lo contó este diario desde mediados de mayo pasado, en la mira de las autoridades habría por lo menos unas 476 casas ubicadas en ese corregimiento, que tendrían presuntas anomalías en sus documentos.
“Pese a que está prohibido construir condominios o parcelar, algunas personas están ‘retaziando’ el territorio y están vendiendo lotes de 500 a 1.000 metros cuadrados. Cada metro cuadrado se vende entre $120.000 y $200.000, lo que quiere decir que un lote de 1.000 metros puede costar entre $120 millones a $200 millones”, expresó Parménides Erazo, uno de los ediles del corregimiento.
En medio de ese panorama, el conflicto central consiste en que mientras las autoridades consideran que las edificaciones con problemas en sus permisos deben derrumbarse, los habitantes afectados argumentan que las normas urbanas no han sido claras durante los últimos años y que de cumplirse la medida se quedarán sin donde vivir.
Producto de esa tensión, los habitantes piden que, antes de que se efectúen las demoliciones, el conflicto se dirima en una mesa de concertación, que fue instalada desde el pasado 25 de mayo.
Dentro de las peticiones que se han formulado en ese espacio aparecen puntos como la creación de mecanismos para normalizar los predios, revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente desde 2014, aclarar las normas de urbanización en el corregimiento, entre otros.
